Piratas de Nabia admite la sobreventa de billetes a las Cíes
La naviera reconoce que vendió billetes por encima del cupo permitido y suspende los viajes a Cíes hasta que la situación se normalice
Piratas de Nabia ha sido la primera de las cinco navieras que gestiona los viajes en barco a las Islas Cíes en dar la cara después de que en los últimos días cientos de personas se hayan quedado sin pisar el archipiélago. Luisa Leyenda, portavoz de la empresa, ha reconocido este martes que la empresa vendió billetes por encima del cupo permitido y ha asumido su «parte de responsabilidad», al tiempo que ha lamentado la «mala imagen» que se ha dado del servicio y el «daño» al Parque Nacional.
La portavoz de Piratas de Nabia no ocultó que la Xunta se puso en contacto con las navieras para advertirlas de la sobreventa de billetes, que casusó numerosos problemas a los viajeros este domingo y el lunes. «Fue así, no tiene sentido negarlo», aseguró, aunque también aclaró que Nabia optó por no embarcar a más pasaje cuando supo que no se permitiría el desembarco en Cíes. «Allí se dieron las explicaciones a los clientes y se les devolvió el dinero de los billetes al momento. Otros prefirieron asumir el riesgo y salir, para luego tener que volver», apuntó en alusión a Mar de Ons.
Nabia optó por no embarcar a más pasaje cuando supo que no se permitiría el desembarco en Cíes
Tras estos acontecimientos, la compañía insta a la Xunta a sentarse con las navieras para tomar las medidas necesarias para impedir que esto vuelva a pasar. Mientras no se normalice la situación, Nabia no realizará viajes a las Cíes, con el fin de preservar, no solo la imagen de la empresa y de las propias islas, sino para «evitar problemas a los clientes».
Trasfondo político
En cualquier caso, Luisa Leyenda ha señalado que la sobreventa de billetes «no es una novedad de este año, ni de los anteriores», por lo que se ha preguntado «por qué ahora» la Xunta se ha decidido a intervenir de forma drástica, impidiendo desembarcos y anunciando sanciones contundentes.
A su juicio, la polémica tiene un «trasfondo político», y se muestra convencida de que la actuación de la Administración autonómica está directamente relacionada con el enfrentamiento entre la Xunta y el Ayuntamiento por la candidatura a Patrimonio de la Humanidad.
