Movistar extrema sus controles en Venezuela para evitar nuevos casos de corrupción

La filial de Telefónica intensifica la vigilancia sobre los ejecutivos con decisiones de compra tras la detención de dos altos cargos

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La cúpula de Movistar en Venezuela ha ordenado extremar los controles internos para evitar un nuevo caso de corrupción como el que protagonizaron dos altos ejecutivos de la empresa y que fueron detenidos en Caracas a finales de noviembre tras ser acusados de delitos de estafa y evasión de impuestos.

En la filial de Telefónica han saltado todas las alarmas por la burla de los procesos de control interno que supuestamente cometieron los dos altos ejecutivos detenidos, Luis Delgado y Roland Matucci, que hasta el momento de la detención ocupaban los cargos de gerentes de terminales y estaban encargados de las grandes compras que Movistar encargaba a los fabricantes de telefonía.

La compañía quiere establecer protocolos más estrictos sobre los ejecutivos con poder de decisión en las compras de teléfonos móviles.

Los altos cargos están acusados de haber creado una trama de corrupción interna y de recibir sobornos de los fabricantes y distribuidores de teléfonos para determinados modelos de móviles fueran favorecidos en las decisiones de compra de la multinacional. Brightstar, el principal distribuidor de teléfonos Blackberry en el país, está siendo investigado con lupa por la fiscalía venezolana que sospecha que la estafa de corrupción pudiera ascender a unos 20 millones de dólares (unos 15 millones de euros).

Más control de las filiales

El caso también ha generado una fuerte inquietud en Telefónica en Madrid, donde aumenta la percepción de que la central debe ejercer un mayor control sobre las filiales de otros países.

Mientras, en Caracas, quienes trabajaron con los ejecutivos detenidos no salen de su asombro por la implicación de Luis Delgado que era considerado un gerente intachable. Las compañías implicadas no han querido hacer pública su posición sobre el caso. También se ha mantenido hermética la empresa pública Telecom, que centraliza la importación de teléfonos móviiles y que pudiera terminar salpicada por la trama corrupta.

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