Montoro obligará a facturar con IVA a carpinteros, albañiles y pintores

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PLAN ANTIFRAUDE

13 de abril de 2012 (17:02 CET)

El plan de lucha contra el fraude aprobado por el Consejo de Ministros incluye la exclusión del sistema de módulos a los empresarios que facturen la mitad de sus ventas a particulares y que tengan un volumen de negocio de más de 50.000 euros. Este sistema se basa en unas medias calculadas en la apertura del negocio para extrapolar lo que deben tributar empresas y autónomos sin emitir facturas con IVA.

La decisión del Gobierno pretende poner coto a determinados trucos de la economía sumergida. Según Hacienda, un modulero emite una factura, que no declara, y la vende a una empresa que puede beneficiarse de deducciones por ella.

Los más afectados

Algunos de los profesionales más afectados son carpinteros, fabricantes de ferreterías, confección, industria del mueble y madera, impresión de textos e imágenes, albañiles, cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas. A partir de mañana deberán emitir facturas con IVA, como el resto de actividades económicas.

Por otro lado, la Agencia Tributaria podrá tomar medidas cautelares para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia o cometan un alzamiento de bienes para que Hacienda no pueda cobrar, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En los tribunales españoles hay abiertos expedientes fiscales por valor de 6.000 millones que están pendientes de cobro.

La insolvencia buscada

Según ha explicado, en muchas deudas tributarias que están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección de la Agencia Tributaria "el deudor se coloca en situación de insolvencia que impide su cobro después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales muy tortuosos".

Para evitar esta situación, Hacienda podrá adoptar medidas que eviten la insolvencia de los deudores con el objetivo de hacer efectivo el cobro de la deuda.

El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal también incluye la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros en las operaciones en las que intervienen empresarios y autónomos, y la obligación de declarar el patrimonio que se tenga en el extranjero.
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