Méndez y sus socios planearon un pelotazo de más de 17 millones en Mallorca
El Tribunal Superior de Baleares tumba un recurso del grupo por la paralización de un proyecto hotelero sobre un suelo cuya propiedad no logró acreditar
Hace frío lejos de Galicia. Paradójicamente, al sur de la isla de Mallorca. Allí iba a levantarse un hotel con una inversión anunciada de 120 millones de euros, una obra que emplearía mil trabajadores para construir un complejo turístico que tendría, finalmente, una plantilla de 300 personas. Campo de golf y 1.200 plazas hoteleras en las inmediaciones del arenal de Es Trenc, en Sa Ràpita de Campos, una zona virgen que durante años tuvo la mayor protección ambiental. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares frenó en el verano de 2013 el proyecto. Sin embargo, sus promotores no se dieron por vencidos.
El grupo promotor del proyecto operaba bajo el paraguas de dos sociedades, Mirador dès Trenc SL y Cases de Sa Rapita SL, dos firmas que finalmente acabarían fusionándose y cuya resultante estaba participada en un 20% por dos nombres propios de las finanzas y la empresa gallegas. Esa participación del 20% en el proyecto estaba en manos de José Luis Méndez López, ex director general de Caixa Galicia, y José Luis Vázquez Mariño, ex de Inditex y del Banco Pastor.
Zona virgen de la playa de Es Trenc, en Mallorca. Los socios pretendían construír un hotel en una zona de bosque ubicada tras el puerto deportivo
Socios desde Canarias
Ambos socios gallegos participaban en las promotoras a través de otra sociedad domiciliada en Canarias, Promoción Urbanística Integral 2005, de la que Méndez fue consejero; Vázquez Mariño, presidente, y actualmente está presidida por uno de los hijos del ex director general de Caixa Galicia, Enrique Méndez Pascual. Así figura en los apuntes y cuentas depositados en el Registro Mercantil. El único activo que tiene Promoción Urbanística Integral 2005, domiciliada en un hotel de Tenerife, es la participación en Mirador dès Trenc, ahora propietaria de Cases de Sa Rapita SL.
El Tribunal Superior de Justicia tumbó el proyecto hotelero de Méndez y Vázquez Mariño, que reclamaron una indemnización al Gobierno balear
Sobre todo este entramado se construyó una iniciativa, la de levantar el proyecto hotelero en Es Trenc, que recibió una gran contestación social, impulsado por el gobierno balear en plena crisis económica, y que finalmente, en julio de 2013, fue paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, para júbilo de ecologistas y oposición balear.
Sin embargo, el recorrido en los tribunales no hizo más que comenzar con la paralización del proyecto. Los socios, aglutinados en Mirador dès Trenc SL y Cases de Sa Rapita SL, llegaron a presentar una reclamación judicial por daño patrimonial ante el silencio administrativo del Consell Insular de Mallorca a sus pretensiones económicas.
Una de las protestas en la playa de Es Trenc contra la construcción del hotel
Reclamación millonaria
En concreto, primero en el Juzgado Contencioso Administrativo número tres de Palma, y después, en recurso de apelación, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, plantearon sus pretensiones, que no eran otras que una millonaria indemnización por la pérdida patrimonial atribuida a la modificación puntual del Plan Territorial Insular de Mallorca, que suprimió el Área de Reconversión Territorial que permitía levantar el complejo de Es Trenc.
Los socios no fueron capaces de demostrar que eran propietarios del suelo donde querían edificar
Los números al supuesto daño patrimonial causado pasaban por resarcir a Mirador dès Trenc con 14,7 millones de euros. La petición de la otra sociedad, que acabaría integrada en la primeras, ascendía a otros 2,7 millones. En total, 17,4 millones de euros. El problema llegó cuando, tanto en el juzgado como ante la sala, los promotores del proyecto no pudieron acreditar documentalmente ser los titulares del suelo sobre el que se iba a levantar el proyecto hotelero.
Propiedad no acreditada
Lo deja muy claro la sentencia comunicada las partes a principios de 2017, a la que ha tenido acceso Economía Digital. La Sala de lo Contencioso señalaba que «la sentencia ahora apelada ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Mirador des Trenc, SL, y Cases de Sa Rapita, SL por no constar que las dos entidades demandantes fueran propietarias de fincas incluidas en el ámbito de aplicación de la Art 10.5″. La sala califica esa razón como «crucial».
En síntesis, Méndez y sus socios reclamaban más de 17 millones de euros por daño patrimonial por la paralización de un proyecto hotelero sobre cuyos terrenos no pudieron ni tan siquiera acreditar la propiedad. Para la sala fue determinante que los demandantes no llegasen a acreditar que «fueran verdaderamente propietarias de fincas incluidas en el ámbito de aplicación de la Art 10.5 ni tampoco, en su caso, cuánto pagaron por ellas». Al final, ni proyecto hotelero, ni millonaria indemnización.
