Megasa se aferra a los tribunales para asegurar su futuro

A principios de junio pasado, la dirección del grupo Metalúrgica Galaica (Megasa) anunció a sus trabajadores que cerraría la planta de Narón a causa de la reforma energética. El fatal desenlace no se produjo, pero la amenaza sigue ahí y ahora la patronal en la que esta integrada, Unesid, está dispuesta a dar la batalla en los tribunales para evitarlo.

La compañía de la familia Freire fue de las primeras en alzar la voz contra la nueva regulación del régimen de interrumpibilidad, que bonifica a los grandes consumidores de electricidad por comprometerse a desenchufar sus instalaciones de la red de suministro en caso de ser necesario para el sistema. Tanto el sistema anterior como el vigente no parecen adecuados para Megasa. Los trabajadores denuncian que ambos son discriminatorios y les obligan a asumir unos costes energéticos mucho más altos, por ejemplo, que los de su principal competidora, Celsa, que les va comiendo poco a poco su cuota de mercado.

Nueva orden, mismos problemas

La nueva orden, aprobada el pasado octubre, establece que Red Eléctrica organizará subastas para asignar la capacidad interrumpible. Con el anterior sistema, simplemente se emitía una orden a las empresas para que rebajaran su consumo y estas percibían una retribución por ello. Ahora, según denuncia el sector, será mucho más difícil optar a las bonificaciones de la interrumpibilidad, que servían para aliviar a un sector ahogado por el precio energético.

Fuentes del comité de empresa explican que aunque, de momento, las amenazas de cierre se han disipado, la incertidumbre es mucha en la plantilla. “Están esperando a ver qué ocurre finalmente con el sistema, y según lo que ocurra, tomarán decisiones”, indican. “De momento, la empresa está en la misma situación que nosotros, sólo cuando se despeje todo sabremos sus cartas”, explican.

A la Audiencia Nacional

La propia dirección de Megasa ya les había indicado que sopesaban el recurrir en los tribunales el nuevo sistema de ininterrumpibilidad aunque, finalmente, ha sido la patronal del sector el que ha movido ficha.

De momento, Unesid ya ha recurrido la nueva orden ministerial ante la Audiencia Nacional y ha pedido su suspensión cautelar debido al “grave daño que puede suponer para el sector y para el empleo que genera”.

La organización explica que el sector siderúrgico exporta anualmente productos por valor de más de 8.000 millones de euros y mantiene más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, el aumento de la factura eléctrica y los cambios regulatorios ponen a las empresas en situación de desigualdad con respecto a sus competidoras extranjeras, incluso entre la propia competencia nacional. «Las nuevas condiciones rayan en la arbitrariedad», dicen.