Martinsa anuncia a sus acreedores nuevos problemas de liquidez

En 2008, Martinsa-Fadesa protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia de España hasta la fecha, al presentar una deuda de más de 7.000 millones de euros. No obstante, en 2011 la inmobiliaria de Fernando Martín logró superar la suspensión de pagos tras lograr el apoyo necesario a su convenio con los acreedores. Sin embargo, en su informe anual de Gobierno corporativo el grupo advierte a la banca que podría incumplirlo.

Los resultados de 2012 no han sido positivos para la inmobiliaria de Fernando Martín, la cual perteneció en su día al empresario gallego Manuel Jove. El grupo inmobiliario cerró el ejercicio con unos números rojos de 582,8 millones de euros, cifra similar a las pérdidas registradas un año antes, que llegaron a los 584,17 millones de euros.

Saldo negativo en tesorería

No obstante, este 2013, la multinacional se enfrenta a un riesgo mayor. Según se recogía ya en sus cuentas anuales, auditadas por Deloitte, la firma podría incumplir el convenio pactado con sus acreedores.

En el último informe de Gobierno corporativo remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 30 de abril, el grupo reconoce que “se mantiene un cash flow operativo para el ejercicio 2013 que arroja un saldo negativo de tesorería al fin del mismo por importe de 16 millones de euros, sin considerar financiación adicional”

Negociación

“Si se confirmara esta circunstancia supondría el incumplimiento del convenio, con sus correspondientes efectos”, señala la multinacional, que negocia con la banca una salida ante esta situación.

“Se mantienen negociaciones para la realización de determinadas operaciones comerciales con generación de tesorería adicionales a las incluidas en el mencionado cash flow”, informa.

Financiación adicional

El último plan de viabilidad al que se acogió Martinsa contemplaba ya “un posible desfase temporal de tesorería entre la venta de activos y los pagos previstos en torno a 61 millones de euros entre los ejercicios 2011 y 2012”.

El convenio no garantizaba la financiación de dicho desfase de tesorería, pero si establece que los acreedores consienten que el grupo inmobiliario obtenga una nueva línea de crédito que puede llegar a los 147 millones de euros. Martinsa trataría ahora de acceder a esta financiación adicional.

Importante riesgo de liquidez

Según los datos remitidos al organismo presidido por Elvira Rodríguez, a 31 de diciembre de 2012 el grupo mantenía una deuda financiera neta con entidades de crédito por importe de 5.691 millones de euros, de los que 5.020 millones corresponden a deuda derivada del concurso, sujeta por lo tanto a las condiciones establecidas en el convenio de acreedores.

La salida del concurso de acreedores obliga a las sociedades del grupo a atender dicha deuda en las condiciones pactadas en el convenio, además de hacer frente a los pagos que se deriven de nuevas deudas, de resoluciones judiciales o de operaciones iniciadas antes de suspender pagos. Ante estas circunstancias, Martinsa reconoce que “el riesgo de liquidez es el más importante al que se enfrenta el grupo una vez aprobado el convenio de acreedores”.

Crédito

Deloitte ya destacó en un informe de revisión limitada de las cuentas del primer semestre de 2012 que la inmobiliaria presentaba una serie de incertidumbres que podían poner en peligro la continuidad de la compañía. Entonces, la CNMV exigió información adicional, y Martinsa se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias previstas en el convenio de acreedores.

Sin embargo, en su última comunicación al supervisor de los mercados también alerta de que a 31 de diciembre de 2012 “existen créditos derivados de operaciones comerciales, fundamentalmente de ventas de parcelas a clientes minoristas y de operaciones de venta de suelo a inversores por importe de 154 millones de euros”. “Las actuales condiciones del mercado inmobiliario, especialmente en España, y del sector financiero incrementan el riesgo de impago de parte de los créditos registrados”.

También explica que su dificultad para acceder al crédito puede “impedir el desarrollo de proyectos y, en consecuencia, incurrir en incumplimiento con clientes”.