José Luis Calvo y Mané Calvo en la presentación de resultados del grupo conservero en 2014 / EFE

Los tribunales obligan a Calvo a pagar 10 millones por importaciones de El Salvador

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La Audiencia Nacional rechaza el contencioso de Calvo contra una reclamación de 10 millones de Aduanas por la exenciones fiscales de sus importaciones de atún

en A Coruña, 25 de septiembre de 2017 (06:00 CET)

Dos sentencias de la Audiencia Nacional, una referida a Calvo Conservas y otra a Calvo Distribución Alimentaria, obligan al grupo conservero a abonar más de 10 millones en impuestos por sus importaciones de El Salvador, donde la compañía tiene una planta de procesado.

El conflicto, que partió de una investigación en la que participó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se dilata ya desde 2010, cuando la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña procedió a las comprobaciones fiscales tras las que dictó una serie de actas de liquidación. Para el caso de Calvo Conservas ascienden a 9,7 millones, mientras que para la otra filial suman algo más de 732.000 euros.

La conservera tiene la posibilidad de presentar recurso de casación

El litigio, que ha pasado por diversas instancias, incluido el Tribunal Europeo y el TEAC, encendió las alarmas en la conservera gallega, que con el objetivo de cubrir a sus filiales mantiene hipotecadas su marca y uno de sus activos inmobiliarios por un valor de 29 millones a modo de garantía ante posibles responsabilidades.

Esta parte de la pugna judicial atendía a la liquidación de impuestos especiales para importaciones de conservas realizadas entre enero de 2007 y octubre de 2008. La Audiencia Nacional, en sentencias del diez de julio de este año, ha desestimado los recursos presentados por Calvo contra las actas de Aduanas.La compañía tiene la posibilidad de cursar un nuevo recurso de casación para evitar el pago exigido, en conjunto, 10,5 millones.

La investigación

La reclamación de Aduanas tiene como origen las importaciones de atún procedente de El Salvador y acogidas al llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un régimen comercial a través del cual la UE proporciona un acceso preferencial no recíproco al mercado comunitario de productos originarios en países y territorios en desarrollo a través de la exoneración total o parcial de los derechos arancelarios.

Calvo se acogió a este sistema, pero la OLAF determinó en su informe que había caído en dos incumplimientos, aunque la justicia europea acreditaría después que no hubo “mala fe” del grupo gallego, participado por la italiana Bolton, que controla un 40% del capital.

El primero alude a las capturas realizadas por los buques Montelape y Montealegre, propiedad de Calvopesca. La OLAF probó, a juicio de los tribunales, que tenían un doble abanderamiento, uno en las Seychelles y otro en El Salvador. En consecuencia, deben ser considerados “buques apátridas”.

“Como consecuencia del estatuto de apátridas, las capturas realizadas por ambos buques durante el período que va desde enero de 2007 a octubre de 2008 no pueden ser consideradas originarias de El Salvador, a juicio de la OLAF, no siendo por tanto de aplicación las reducciones arancelarias previstas en el Acuerdo SPG”, dice la sentencia.

El segundo afecta al origen del atún no procesado exportado desde Costa de Marfil a Calvopesca en El Salvador entre 2006 y 2009. La investigación determinó que una parte del producto incumplía las reglas de origen del SPG en lo relativo a tripulación.

Calvo mantiene la apuesta en Latinoamérica

Esta situación derivó en otras dos dificultades añadidas para Calvo. Primero, según explica la sentencia de la Audiencia Nacional, que “al superar el porcentaje del 10% de materia prima de terceros países”, los certificados para el SPG deben ser anulados en su totalidad, “sin que por otro lado, la actora haya acreditado suficientemente la separación física entre las materias primas con origen en terceros países y las de origen preferencial “, remachan los magistrados. En segundo lugar, al activarse la exigencia de los derechos arancelarios, también se activa el cargo de IVA por la importación.

El tribunal acaba declarando ajustadas a derecho las resoluciones del TEAC, que validó las liquidaciones cursadas por Aduanas respecto a tráfico exterior e IVA a la importación por un valor conjunto de 10,5 millones. En pleno proceso de investigación, Calvo había disparado las alarmas al considerar que su planta en El Salvador, cuya producción es clave en la dinámica del grupo, podría no ser viable a causa de los aranceles. Lo dijo en 2009. Sin embargo, el grupo anunció el año pasado una ampliación en el centro productivo y un esfuerzo inversor en Latinoamérica, como mercado estratégico de la compañía.

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