Los trabajadores de Ferroatlántica retoman las movilizaciones

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A los trabajadores les resulta llamativo que el Grupo Villar Mir se escude en la necesidad de vender las centrales para acometer nuevos proyectos cuando se gasta más de 300 millones en una torre en Madrid

Protesta de trabajadores de Ferroatlántica con la factoría de Dumbría al fondo | Cedida

A Coruña, 11 de enero de 2017 (19:14 CET)

El comité de Ferroatlántica de Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas retoma las movilizaciones este viernes. Lo hace con una nueva concentración delante de la fábrica de Brens, siguiendo el calendario acordado por las asambleas de los trabajadores y tras persistir la empresa en su empeño de segregar para después vender las centrales hidroeléctricas.

Será la primera protesta después de que Economía Digital anunciase el interés del fondo canadiense Brookfield de hacerse con los activos de generación del grupo que preside Juan Miguel Villar Mir.

En su convocatoria, los representantes de los trabajadores señalan como "llamativo" que el Grupo Villar Mir ligue la capacidad de inversión y la puesta en marcha de nuevos proyectos en Galicia a la obtención de beneficios por la venta de las centrales cuando, al mismo tiempo, anuncia la construcción de una nueva torre en Madrid, con unos costes estimados que superan los 300 millones de euros.

Inversión desproporcionada

Asimismo, recuerdan que, según los datos aportados por la empresa enm la reunión celebrada el pasado 21 de diciembre, la venta de las centrales hidroeléctricas podría reportar a Ferroatlántica cientos de millones de euros de beneficios. Sin embargo, apuntan, que las inversiones contempladas en el plan industrial para el período 2017-2021 solo alcanzan los 55 millones de euros, y a repartir en esos 5 años.

"La desproporción entre los millonarios beneficios estimados por la empresa y las inversiones anunciadas resulta obvia. Por eso, hay que preguntarse cuáles son los verdadeiros proyectos que pretende financiar el Grupo Villar Mir con esta operación especulativa e ilegal", que supone romper la vinculación de las actividades de producción energética y ferroaleaciones establecida en la concesión administrativa para la explotación de los recursos hidráulicos.
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