Los proveedores de Abengoa no están dispuestos a perder 600 millones

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Aceptarían dejar de cobrar un máximo de 300 y esperar hasta seis años para cobrar los 700 millones restantes

Sede de Abengoa en Sevilla

Madrid, 25 de abril de 2016 (01:00 CET)

El tira y afloja entre Abengoa y sus proveedores se encuentra en un estado incipiente de negociación. Son miles y, en su mayoría, fuera de España. Con algunos se ha empezado a cerrar acuerdos, pero sobre la mayoría de los 1.000 millones de deuda vencida no se ha cerrado pacto alguno.  

Además, se corre el riesgo de que esa cantidad se incremente de manera permanente. Los impagos se consideran vencidos cuando acumulan un retraso de 60 días, o 30 si se trata de productos perecederos.

Deudas vencidas e impagadas aumentan 100 millones al mes

Hasta el pasado 31 de diciembre, Abengoa tenía contabilizados, en el epígrafe "Proveedores y otras cuentas a pagar", 4.380 millones de euros, casi 1.200 menos que un año antes. Y, en ese momento, tan solo se computaban como vencidos e impagados 604 millones, con lo que el ritmo de deudas impagadas aumenta en cifras próximas a los 100 millones cada mes.

En esta situación, la empresa ha montado un equipo dedicado full time a este menester, buscando una solución adaptada a cada proveedor, en función del tamaño de la empresa y del servicio que prestan.

Suministro de bocadillos en el desierto chileno de Atacama

Si este es o no perentorio, como puede serlo, por ejemplo, los que se encargan de suministrar los bocadillos a los operarios que trabajan en el desierto chileno de Atacama, sin otra alternativa en un radio de cientos de kilómetros. O si, por ejemplo, se trata de una sociedad que se dedica a aportar turbinas. Dos  situaciones que requieren soluciones completamente diferentes.

En general, fuentes cercanas a las negociaciones, señalan que la aptitud de los proveedores es de colaboración, aunque, como es lógico, a muchos no les hace mucha gracia no percibir el importe total de los trabajos facturados.

Quita asumida a regañadientes

"Algunos pusieron el grito en el cielo cuando nos dijo la empresa que la quita sería del 60%", comenta Pablo Martín, de la consultora EFC Group, que el pasado mes de febrero constituía la Asociación de Proveedores y Subcontratistas de Abengoa (Aprosab). Pero al final, el que más y el que menos, tiene asumido que no va a poder cobrarlo todo.

Los representantes de Aprosab están citados este lunes para una nueva reunión, en la que, según Martín, se pondrá en conocimiento de la empresa la negativa a aceptar la quita del 60% propuesta en febrero, con un pago del 30% el próximo mes de junio –unos 300 millones–, caso de que hubiera llegado el dinero comprometido por los bonistas en el plan de reestructuración, y el 10% restante (100 millones) en junio de 2017 como muy tarde.

Certificados de deuda contrastada

"Estaríamos dispuestos a negociar quitas de entre el 20% y el 30% y tiempos de espera de hasta seis años", comenta el responsable de Aprosab, que ha logrado aglutinar en estos dos meses a más de 100 proveedores, "aunque, de momento, solo 18 han presentado un certificado de deuda contrastada, que suma un importe de unos 25 millones de euros", explica Pablo Martín.

Para tratar de reducir la quita y ampliar el plazo para cobrar el importe restante, la consultora EFC está negociando con instituciones y fondos de inversión internacionales la búsqueda de fuentes de financiación alternativa.

Pagos confirmados

Abengoa, como norma general en su política de gestión de pagos, establece que estos deberán realizarse a través del pago confirmado (confirming) por bancos sin recurso, de manera que el nuevo acreedor pasa a ser una entidad financiera en lugar del comercial original.

En los últimos ejercicios, la multinacional sevillana había mantenido, hasta su vencimiento, los saldos de los proveedores vinculados al confirming han quedado incluidos en el balance dentro del epígrafe "Proveedores y otras cuentas a pagar", con independencia de que el derecho de cobro haya sido cedido por el acreedor a una entidad financiera.

No obstante, al cierre del ejercicio 2015 estos saldos fueron clasificados como deuda financiera con independencia de su sustancia comercial original, registrando un pasivo corriente de 202 millones.
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