Los nuevos dueños de la Fábrica de Armas se defienden con querellas criminales

A Hércules de Armamento, la empresa a la que Defensa ha otorgado la concesión de la Fábrica de Armas de A Coruña y sus terrenos, le llueven las críticas por todos lados. Su elección por parte del Ministerio no agradó a parte de los ex trabajadores, que se manifestaron en contra en numerosas ocasiones, sorprendió a buena parte de la clase política y puso en pie de guerra a sus rivales (el grupo IFFE está dispuesto a impugnar el concurso por supuestas irregularidades en el proyecto ganador).

Esta semana, además, el diputado socialista José Luis Méndez Romeu, deslizó en el Parlamento que el supuesto conseguidor de contratos de la Operación Zeta, Pachi Lucas, había participado como mediador entre Xunta y empresas en todo el proceso de adjudicación de la Fábrica de Armas.

Ni apoyo moral

Ante el aluvión de críticas y acusaciones, Hércules ha decidido defenderse pasando a la acción. Según indica en una nota de prensa remitida a medios de comunicación “se han producido declaraciones de gravísimos contenido y falsedad, así como propuestas de constituyen claros y graves ilícitos, que nos han sorprendido y desagradado significativamente”. Así, el grupo empresarial indica que “alguna de ellas ha merecido, por su particular gravedad, la presentación de una querella criminal”.

Hércules asegura que no ha recibido apoyo de nadie a la hora de presentar su propuesta ante el Ministerio de Defensa. “Ni de la Xunta, ni del ayuntamiento de A Coruña, ni de organismo, persona o partido político alguno, ni financiero, ni funcional, ni operativo, ni tan siquiera apoyo moral”, dice.

Polémicas relaciones

Con respecto a la supuesta participación de Pachi Lucas como mediador en el proceso de adjudicación, la compañía asegura que “no contó en ningún momento con intermediatio alguno ante órgano administrativo, local, autonómico o estatal, ni de género alguno”.

“Nuestro proyecto siempre fue representado en todos los ámbitos, y en particular ante el Ministerio de Defensa, por los propios socios de esta entidad”, indica la empresa, en alusión, entre otros, a Juan José Gómez Rey, uno de los fundadores que habría fichado, recientemente, para su compañía Businessnear a Carlos Silva, ex subdirector del Igape, imputado en la Operación Campeón, que investiga una trama corrupta de tráfico de influencias.

Desde Hércules de Armamento puntualizan que Silva no tiene ninguna relación con el proyecto de explotación de la Fábrica de Armas.

Por qué Defensa escogió a Hércules

En su escrito a los medios, la polémica compañía también reivindica las razones por las que Defensa prefirió su propuesta para hacerse cargo de la antigua Santa Bárbara. Según explica, la resolución del Ministerio indica que Hércules obtuvo mejores puntuaciones que IFFE, su rival, en lo relativo al plan de inversiones de la fábrica y a los acuerdos comerciales que se presuponen. “Hércules presentó ocho cartas firmadas por otras tantas empresas que ofrecen su colaboración, frente a la mera declaración unilateral de IFFE, donde dice haber mantenido contactos verbales con diferentes compañías”.

Por último, el grupo también explica que en estos momentos, tras el visto bueno del Gobierno, ya ha iniciado el proceso de ocupación de las instalaciones de la factoría coruñesa. Asegura que en las labores de puesta a punto de la fábrica participan 28 personas, y se prevé la incorporación paulatina del resto del personal “en función de las necesidades y en los términos y la cantidad previstos en el proyecto”.