Los mil y un líos de José Alberto Barreras

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Al accionista histórico de Pescanova, imputado en la Audiencia Nacional, se le acumulan los problemas en Montebalito

03 de agosto de 2013 (01:44 CET)

José Alberto Barreras no cuenta con Pescanova como único quebradero de cabeza. El histórico empresario vigués afincado en Madrid, imputado por el juez Ruz en la causa abierta contra la multinacional pesquera, tiene en Montebalito, su principal sociedad cotizada en Bolsa, uno de los mejores exponentes de su controvertida manera de hacer negocios. Montebalito es una peculiar sociedad que aglutina diferentes activos de energía (principalmente eólica y solar fotovoltaica), así como negocios patrimoniales de compraventa de inmuebles y hoteles. Las cuentas que acaba de presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) son todo un catálogo de problemas.

Para empezar, al cierre del primer semestre del año la compañía mantiene cuotas impagadas por importe de 6,6 millones de euros de determinados créditos de Bankia, Caixabank y Banesto. A 30 de junio de 2013, el balance de situación presenta clasificadas en el pasivo corriente las deudas con vencimiento superior a un año en los casos en que existen cuotas impagadas y existe el riesgo de que la entidad financiera pueda dar por vencido el préstamo. “Este es el caso de la entidad financiera Caixabank y Bankia”, reconoce la compañía de Barreras, en la que el empresario vigués controla un 54,7% de su capital. Su hija Belén fue hasta hace un mes consejera de Pescanova, puesto al que renunció el mismo día que lo hizo el presidente de la multinacional, Manuel Fernández de Sousa-Faro.

Más problemas

La CNMV procedió a incoar expediente sancionador a Montebalito y a sus consejeros a finales del año pasado, por la presunta comisión de una infracción consistente en la remisión a la propia autoridad bursátil y la difusión del informe anual del ejercicio 2011 con 32 días naturales de retraso respecto al plazo legal. Dicho expediente se encuentra, a día de la fecha, en fase de instrucción, en la que la compañía ha presentado varios escritos de alegaciones.

A mayores, dos son los parques fotovoltaicos que han dado quebraderos de cabeza al empresario. En concreto, se trata de los parques de La Carolina y Villabrázaro, donde está inmersa en procesos contencioso-administrativos contra varias decisiones de los departamentos de Industria de los gobiernos autonómicos de Andalucía y Castilla y León, respectivamente. El optimismo no reina en las previsiones del grupo. “En opinión de la dirección de la sociedad”, explican a la CNMV, “se estima como posible pero no probable que los procesos judiciales abiertos sobre dichos parques sigan su curso a pesar de haberse acogido a la nueva tarifa, y la conclusión de los mismos sea desfavorable para los intereses del grupo”.

El negocio hotelero del grupo en las islas tampoco se salva. Con fecha 17 de mayo de 2012 el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas dictó auto mediante el cual se declaró el concurso voluntario de Hoteles Balito SA, así como su conclusión por insuficiencia de masa activa y el archivo de las actuaciones y se acordó la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad. “A fecha de este informe” dicen los administradores ahora, “dicha resolución no es firme”.

Sentencias en contra

La filial Montebalito Energías Renovables que había adquirido Villabrázaro Solar SL, también ha estado inmersa en un proceso judicial, según recoge la información enviada a la CNMV. Uno de los venderos inició acciones judiciales y logró que una sentencia condenara a la compañía de Barreras a abonar 750.000 euros, más 71.724 euros en concepto de intereses vencidos. El demandante presentó demanda de ejecución provisional, por un total de 1,2 millones euros, que incluyen principal, intereses y costas previstos de la ejecución. Dictada sentencia de apelación, confirmando la de primera instancia, ya es firme.

En su balance, Montebalito recoge a mayores un préstamo del Ministerio de Industria para la construcción de una planta de cédulas fotovoltaicas por importe de 798.000 euros, incluidos intereses. “Dada la situación actual del mercado fotovoltaico se ha decidido no acometer la construcción de dicha planta por lo que se va a proceder a la devolución de dicha cantidad en cuatro años hasta el 2016”.

Y, mientras, sigue el calvario de Pescanova. Barreras tiene que responder ante el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, del presunto uso de información privilegiada en los meses previos a la suspensión de pagos de la compañía. El juez considera probado que Barreras, entre el 11 de enero y el 6 de febrero de 2013, a través Transpesca, “vendió 700.000 acciones a un precio medio de 16,02 euros, lo que supuso un ingreso de 11,2 millones de euros y la evitación de una pérdida de 6,3 millones de euros, según estimaciones de la CNMV”, de acuerdo con el auto de imputación. Ruz mantiene que la representación procesal de Barreras puede propiciar el levantamiento de la imputación en el caso, aunque en el auto la mantiene.
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