Los juzgados gallegos reciben las primeras demandas contra el cártel de los camiones
Un bufete de A Coruña presenta las primeras demandas contra los fabricantes de camiones multados por la Unión Europea por fijar un sobreprecio a sus vehículos
De momento han sido solo cuatro, pero las demandas presentadas este lunes por un despacho de abogados de A Coruña contra el cártel de los camiones serán «las primeras de las centenares que se presentarán en las próximas fechas», según reconoce el propio bufete. Los demandados son los fabricantes MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF, que fueron sancionados por la Unión Europea por pactar un sobreprecio de los vehículos.
El bufete, que ha reconocido que se trata de un «proceso judicial muy complejo», representará en Galicia a las asociaciones Ascentra de A Coruña, Aetram de Lugo y Ategrimer de Pontevedra, todas ellas integradas en la Federación Empresarial de Transportes de Mercancía por Carretera (Fetram).
Un 20% extra
En un comunicado, Hispajurius, la firma que ha promovido un centenar de estas demandas en toda España, ha recordado que la Comisión Europea estimó que el coste excesivo medio del cártel era de aproximadamente el 20%. El despacho de abogados ha precisado que el informe pericial presentado «evidencia» cómo en los años posteriores a la finalización del cártel se produjo un «llamativo descenso» en el coste de los camiones: un 9,4% en 2011 y un 17% en 2012.
Todo ello, según la firma, contrasta con el hecho de que la tasa anual de aumento de los precios de estos automóviles entre 2002 y 2010 fue del 2,34%, mientras que la tasa anual de crecimiento de Índice de Precios Industriales (IPRI) de vehículos de motor fue 1,4 puntos inferior, de un 0,94%. Además, el informe concluye que hubo un sobrecoste estimado del 17,39% entre esos años.
Miles de afectados
A mediados del pasado año, la Comisión Europea anunció una multa de 2.930 millones de euros contra MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, y DAF por «haber pactado los precios de venta de vehículos y haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones».
Según la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF), que ya anunció hace más de un año su intención de acudir a la justicia, calcula que las “prácticas irregulares” de estos fabricantes pudieron afectar a 200.000 personas en toda España.
