Marcha de los trabajadores de A Coruña contra el cierre de la planta de Alcoa y pidiendo una solución al problema energético

Los inversores de Alcoa exigen garantías sobre el precio de la energía

Condicionan la compra de las plantas de Alcoa a que las compensaciones del Gobierno abaraten entre un 40% y un 50% el precio de la energía

Los inversores que aspiran a adquirir las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés comparten con la Xunta y con los trabajadores de las factorías la preocupación por los elevados costes de la electricidad. Así lo han hecho notar en el pautado proceso de venta, que ha llegado a su segunda etapa con nueve fondos y empresas interesados y dispuestos a poner una oferta no vinculante sobre la mesa por las instalaciones. Alcoa fijó como fecha límite para cerrar la operación el 30 de junio.

En medio de la carrera por las plantas, una parte importante de los aspirantes ha pedido garantías sobre el precio de la energía una vez se pongan en marcha nuevamente las series de electrolisis de las factorías. Han trasladado a Alcoa la necesidad de asegurarse un precio al nivel de los competidores franceses y alemanes, poniendo incluso cifras sobre el coste del megavatio sobre la mesa, que la multinacional ha trasladado al Gobierno, según las fuentes consultadas por este medio.

Rebajar el precio entre un 40% y un 50%

Los inversores quieren que el Ejecutivo garantice mediante compensaciones un coste energético de entre 20 y 25 euros por megavatio más barato, dicho de otra manera, una rebaja de entre el 40% y el 50% sobre el precio actual. El gasto en electricidad supone el 40% de los costes de producción de las plantas de aluminio primario en el mercado español.

El Gobierno tiene tres mecanismos para atender esta petición y todos están metidos en el congelador a la espera de la formación del nuevo Ejecutivo. Por un lado, las subastas de interrumpibilidad, un reparto de ayudas a cambio de que las electrointensivas se desconecten de la red en momentos de exceso de demanda para garantizar la estabilidad del suministro.

Por otro, las compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2. El Gobierno ha activado un pago de 90 millones y se ha comprometido a elevarlo hasta los 200 millones, después de naufragar en su intento de aprobar el Estatuto del Consumidor Electrointensivo antes de las elecciones.

Por último, los incentivos fiscales a las empresas que estaba entre las propuestas de la Xunta en sus alegaciones al borrador del Estatuto.  

Un blindaje para el nuevo dueño

El conjunto de estas compensaciones debería modularse para garantizar un precio en consonancia con el de las principales plazas europeas, matizando los contratos de suministro con las comercializadoras para que el coste final no sea lesivo. En definitiva, ofrenciendo un blindaje a la industria para mantener una factura de la luz competitiva.

De no encontar comprador antes del 30 de juno, Alcoa desmantelará las cubas de electrolisis de las factorías y aplicará el ERE para unos 300 trabajadores. 

Un artículo de Rubén Rodríguez

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