Los estibadores acusan a Fomento de organizar un ERE encubierto 

Este viernes tendrá lugar en el Ministerio de Fomento un encuentro entre su titular, Íñigo de la Serna, y los representantes de los estibadores. Ambos llegan a la cita con las posturas muy encontradas. El ministro, dispuesto a aprobar el decreto el próximo 17 de febrero, aunque abierto a negociar; y los estibadores, preparados para movilizarse con tal de evitar la liberalización de la actividad de carga y descarga de mercancías en los puertos.

En Galicia, son cientos los trabajadores llamados por los sindicatos del sector a secundar la huelga parcial convocada para los días 20, 22 y 24 de febrero para protestar contra un decreto que va «en beneficio de las grandes empresas y en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores».

Este mismo jueves, la víspera de la reunión, la CIG no ha dudado en calificar la propuesta del Gobierno de «ERE encubierto, pagado con gastos públicos«, pues serían los puertos los que tendrían que sufragar las bajas. En este sentido, el secretario de la FGAMT-CIG de Pontevedra, Xabier Aboi, ha rcordado que la situación económica de alguno de ellos, como el de A Coruña, «no les permite esos lujos», aunque no es el que más estibadores concentra. Vigo le gana la partida de largo.

Negocio para las grandes empresas

Según sus previsiones, en Galicia secundarán los paros unos 250 empleados fijos de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) –de los cuales 150 corresponderían únicamente al puerto de Vigo–, «varios cientos» de eventuales y más de 20 trabajadores de los puertos autonómicos. Serán tres jornadas de huelga que no descartan extender más días si no se llega a un acuerdo y se dialoga sobre esta propuesta.

Aboi ha querido recordar que en el escenario que plantea Fomento «los trabajadores indefinidos serían despedidos, pagando las autoridades portuarias los despidos, y quienes quedarían con tremendo negocio serían tres o cuatro grupos de empresas potentísimas». Los puertos «dejarían de ser un servicio público para ser un negocio para las grandes compañías», resumió.

La postura del ministerio

Mientras tanto, el departamento que dirige Íñigo de la Serna insiste en que llevará el proyecto de reforma al Consejo de Ministros del viernes 17 de febrero, con lo que da así una semana para lograr un acuerdo con el sector. «Hasta esa fecha, apostamos por sentarnos con sindicatos y patronal para intentar llegar a un acuerdo, siempre dentro de lo que establece la normativa comunitaria».

Fomento ya ha trasladado a los sindicatos la imposibilidad del Gobierno de atender a las principales reivindicaciones de los estibadores, que pasan por articular un registro de los trabajadores del ramo y de contar con más de tres años para abordar el proceso de cambio del sector, dado que la Comisión Europea ya las rechazó. «Hacemos lo que la Comisión nos permite hacer». «Estamos atados de pies y manos», aseguró el ministro.

La reforma planteada por Fomento pretende romper el monopolio que los 6.150 estibadores españoles tienen sobre el sector haciendo desaparecer o reconvirtiendo en ETT’s las sociedades de servicios portuarios (Sagep), firmas de las que actualmente dependen todos los estibadores y controlan su contratación por parte de las empresas que utilizan los puertos.