Los directivos de Pescanova: “Un acreedor más y se cae todo”

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“Los bancos nos saltarán al cuello”, advertían ante las órdenes de incorporar nuevos pasivos con urgencia a la deuda de filiales de la multinacional

Imagen de archivo de una junta de accionistas de Pescanova, presidida por Fernández de Sousa | EFE

15 de julio de 2013 (18:51 CET)

Las “decisiones erróneas, tanto desde un punto de vista comercial como desde una perspectiva contable-financiera” a las que aluden los abogados de Manuel Fernández de Sousa-Faro para defender su gestión al frente de Pescanova, como hicieron la semana pasada, se caen por su propio peso si se analizan algunos de los correos electrónicos que se cruzan los directivos de la compañía, y en los que el propio presidente estaba en copia. La premeditación de las actuaciones y su deliberada planificación a espaldas de la banca quedan plenamente constatadas para KPMG incluso este mismo año, cuando ya había estallado la crisis de la compañía.

Las evidencias quedan al descubierto en los contratos de compraventa de empresas que, por indicación de Joaquín Viña Tamargo, jefe de Auditoría, responsable de consolidación del grupo Pescanova y uno de los implicados en la trama por KMPG, debía elaborar Roberto Crespo, uno de los controller de Pescanova en Argentina. En las pruebas documentales que aporta el forensic se detalla la respuesta a la petición de Joaquín Viña.

La operativa instrumental


La indicación clave era que Crespo debía documentar una venta de acciones de una instrumental (Porvenir) a la filial Pesca Chile antes del 31 de diciembre de 2012. La solicitud se realiza el 11 de abril de este año, cuando Pescanova hacía siete días que había presentado el concurso voluntario de acreedores. Había transcurrido un mes del plazo legal para presentar las cuentas del grupo de 2012. En mayo, Pesca Chile se vio obligada a suspender pagos ante la presión de la banca.

“Necesitamos ponerle ojos y cara al vendedor”, señalaba Joaquín Viña, “que puede ser una empresa cualquiera o un individuo”, pero “no del grupo”, añadía. “Se puede hacer el plan previsto de aportar al capital toda la deuda (de esa empresa, Porvenir) con Pesca Chile sin necesidad de comparar acciones”. Esta es la respuesta del controller desde Argentina: “Lamentablemente el balance y dictamen de los auditores está cerrado, no podemos ahora incorporar en el 2012 un pasivo bancario que por su cuantía cambia radicalmente las proporciones entre acreedores bancarios”.

“Nos saltarán al cuello”

La respuesta de Crespo a Joaquín Viña era todavía más contundente: “El mapa de la deuda de Pesca Chile se ha entregado a la banca en Chile y se está en medio de una negociación muy compleja y llena de suspicacias por parte de los bancos. Si aparecemos con un nuevo acreedor se nos cae todo”. El ejecutivo ponía además más pegas a los requerimientos del jefe de auditoría: “Sin contar que jurídicamente no se puede”, advertía Crespo, “y en Pesca Chile nadie estará dispuesto a documentar y contabilizar la operación”. “Deberíamos fecharla una vez reestructurada la deuda con los bancos y aún así nos saltarán al cuello”, concluye Crespo a su superior, el jefe de Auditoría.

Los auditores forenses también prueban la misma mecánica para amañar compraventas entre instrumentales y filiales, en las que el propio presidente de la compañía aparece. Es el caso de la sociedad instrumental Efripel. Por ejemplo, por indicación expresa de Manuel Fernández de Sousa-Faro, en noviembre de 2012, se decide seguir manteniendo esa instrumental al margen del grupo.
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