Los denunciantes del Pastor, investigados por fraude

Manuel Garcia, el accionista que ha denunciado a la antigua cúpula del Banco Pastor, es objeto de una investigación en Catalunya. La Fiscalía de Girona estudia una denuncia contra Cárnicas Vilaró, firma de alimentación desaparecida en 2012, y otras empresas por un presunto fraude al Institut Català de Finances (ICF). Entre las sociedades, destaca el papel de K.U. Gelasada, sociedad de la que el minorista es administrador.

El documento analiza un crédito de 12 millones de euros concedido por el organismo público a la compañía, declarada en quiebra en 2012, para adquirir un matadero en Mollerussa (Lleida). La mitad del dinero se destinó a la compra de la planta cárnica. El resto de dinero se debía destinar a su puesta a punto con obras y nuevas máquinas. La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) apunta que cuatro millones de euros se desviaron de ese propósito y se utilizó como circulante para la maltrecha tesorería de la firma.

Causas

La liquidación de Cárnicas Vilaró aún levanta polvareda. De hecho, se especula que puede ser el origen de la querella contra el banco gallego. Se trataría pues de un capítulo más en esta guerra judicial. Hasta la fecha, existe una demanda de la banca acreedora contra el antiguo propietario por facturas falsas por valor de 27 millones de euros.

Por su parte, el empresario ha contratado los servicios de su hermano Iñaki –socio del despacho Frade Gobeo– para presentar otra querella contra varios directivos del antiguo Banco Pastor –actualmente integrado en el Popular– por extorsiones, coacciones y calumnias.

Investigación

La OAC describe el mecanismo utilizado para defraudar al ICF. La segunda parte del préstamo –seis millones– se obtenía a medida que Cárnicas Vilaró presentaba la documentación que demostraban los trabajos en el Matadero. En total, se aportaron 127 facturas por valor de siete millones de euros. Vilaró simulaba el pago de las facturas. Principalmente, con una empresa pantalla. La firma KU Gelasada, controlada por un testaferro de Frade, Manuel García, realizó giros por valor de cuatro millones de euros. No obstante, también habían proveedores reales que de común acuerdo con Frade habrían participado en el fraude.

El informe describe el final de la operación: “Consistía en aportar el cargo de pago efectuado desde una cuenta bancaria de la sociedad junto con la copia del cheque a nombre del proveedor. Se trataba de una simulación porque como se ha podido acreditar el cheque era ingresado en cuentas de la sociedad Matadero S13, firma del propio grupo”.

Delitos

Antifrau no tiene dudas. “Cárnicas Vilaró ideó y confeccionó un mecanismo defraudatorio para obtener fondos del préstamo hipotecario del ICF”, dice el documento. Por ello, considera que la firma incurrió en un delito de estafa, además de dos delitos fiscales (IVA e Impuesto de Sociedades) por la tributación de las falsas facturas.

El organismo considera que hay indicios suficientes para apuntar que la operativa fue un plan predeterminado previamente a la firma del contrato y “no había ninguna intención de retornar los fondos obtenidos con el préstamo”. Ahora es la Fiscalía quien debe decidir si hace suyos los argumentos de Antifrau. De no ser así, el informe se remitirá de nuevo al organismo, que podría tomar como alternativa una vía administrativa.