Los daños patrimoniales dispararán las reclamaciones de las eólicas

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Estudian demandar a la Xunta los beneficios que esperaban obtener antes de la anulación del concurso

Parque eólico de Iberdrola en EEUU

18 de septiembre de 2012 (23:12 CET)

La anulación del concurso eólico del bipartito, una de las primeras medidas tomadas por Javier Guerra como responsable de la consellería de Industria, podría costarle indemnizaciones millonarias a la Xunta.

Las empresas afectadas por la suspensión, revocada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia del 24 de julio, preparan una batería de reclamaciones que incluirán el daño emergente y el lucro cesante, dos tipos de daño patrimonial que elevarán en millones de euros las cuantías demandadas.

La llave está en los tribunales. En el TSXG se desarrolla un recurso contencioso-administrativo contra el desistimiento, un proceso que recoge la Ley Eólica de Galicia impulsada por el Gobierno de Núñez Feijóo que sirvió para anular las adjudicaciones del anterior concurso. Un fallo a favor de las empresas abriría la puerta para la anulación de la ley y la reclamación de cuantiosas indemnizaciones.

“Si prospera el recurso interpuesto contra el desistimiento nos moveremos en cifras astronómicas”, confirma el gabinete de abogados de una de las empresas.

Lucro cesante

El lucro cesante es un tipo de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica. Es decir, las empresas podrían reclamar los beneficios que esperaban obtener de la explotación de su concesión, en función de los megavatios adjudicados en cada caso.

Esta reclamación choca frontalmente con las manifestaciones de la Xunta, que esperaba compensar a las empresas, solamente, por los gastos derivados de la concurrencia en el concurso. “Las compensaciones están reguladas por la Ley Eólica y se limitan al reintegro de los gastos ocasionados”, indicaron en la consellería de Industria.

“El problema es que la ley está recurrida y la sentencia del TSXG, que revoca la suspensión del anterior concurso, pone de manifiesto una situación ilegal que da pie a reclamar daños y perjuicios”, indican fuentes jurídicas.

Informe jurídico

La inseguridad jurídica en la que se mueve el sector ha dejado a empresas y grupos políticos en fuera de juego. Tanto es así, que el BNG ha manifestado su intención de incluir en su programa electoral un informe jurídico sobre las consecuencias económicas de las reclamaciones que puedan solicitar las empresas. “Necesitamos pedir un informe que nos diga cuánto nos va a costar”, han manifestado los nacionalistas.

“El sector eólico está muerto. Primero por la suspensión de las primas al sector que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y, posteriormente, por la inutilidad de los dos últimos concursos eólicos. Llevamos 12 años parados”, concluyó el portavoz nacionalista de Industria, Blanco Parga.
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