Los daños colaterales de la ‘Operación Pokemon’

En septiembre de 2012, en plena precampaña de las elecciones gallegas estalló una bomba en forma de investigación judicial. La Operación Pokemon, que se centra en una supuesta red para obtener concesiones y contratos públicos en el ámbito municipal. El número de imputados supera ya la treintena, entre ellos numerosos políticos. Mientras la investigación prosigue, por el camino van quedando los afectados por los daños colaterales que causa esta supuesta trama corrupta. Es el caso varias decenas de trabajadores de las filiales de Vendex, la firma sobre la que pivota la Pokemon.

Vendex es una firma multiservicio que opera en toda España mediante un conglomerado de más de 30 sociedades que realizan servicios de mantenimiento integral. En Galicia, su gestión se centra en la gestión municipal de servicios de la ORA, limpieza de colegios y recintos deportivos e incluso rehabilitación de edificios. Entre sus filiales se encuentran algunas con presencia muy habitual en los municipios gallegos como PAU, Doal o Sermasa.

El último caso

Desde los inicios de la investigación, dirigida por la jueza Pilar de Lara, parte de la plantilla de Vendex ha sufrido problemas relacionados con el pago de sus mensualidades. Los últimos afectados están en Santiago de Compostela.

Trabajadoras de Sermasa reclaman a la compañía que abone las nóminas atrasadas de 55 empleadas de colegios públicos y pabellones de Compostela que llevan sin cobrar desde el pasado diciembre. Esta semana se han manifestado varias veces para reclamar una solución.

Problemas en Santiago

En el ayuntamiento de Santiago hay varias personas imputadas en la Pokemon, entre ellas el alcalde, Ángel Currás, y la concejala de Educación, Rebeca Domínguez. Su imputación está, supuestamente, relacionada con la concesión a Sermasa de la gestión de una guardería en el barrio de Salgueiriños.

Los trabajadores de Sermasa atribuyen el atraso en sus nóminas a que “nadie se quiere hacer responsable dentro del ayuntamiento por miedo a que lo llamen a declarar”. “Contra el concello no podemos ir, y la empresa debería hacerse cargo de pagar, por algo entra en un concurso. Suponemos que tendrá unos avales y un capital para pagarnos”, razona una de las empleadas que advierte de que muchos compañeros ya empiezan a tener en números rojos sus cuentas bancarias.

“Nos dicen a que ver si a mediados de marzo les paga la empresa pero, ¿qué hacemos nosotros mientras tanto?”, se pregunta.

El precedente lucense

La situación de estos trabajadores no es única, si bien las similares que fueron denunciadas ya se han solucionado. En octubre, cuando arrancó el caso, Comisiones Obreras (CCOO) denunció que empleados del servicio de la grúa de Lugo, en manos de Cechalva y de Sanle –de la que es socio Manuel Santiso, uno de los imputados– no habían cobrado la mensualidad de septiembre. Eran unos 30 trabajadores.

Finalmente, y tras anunciar el sindicado que acudiría a los juzgados, los trabajadores acabaron por cobrar. “Decían que había dinero pero que no se podía utilizar para pagar. Al final ante la presión, y porque estábamos dispuestos a ir a hablar con la jueza y explicarle todo, pagaron. Por el momento no ha vuelto a haber problemas”, explica Marcos Pérez, el secretario de Transportes de CCOO.

Del caos a la incertidumbre

Sin embargo, Pérez recuerda la mañana en la que arrancó todo, con las primeras imputaciones de cargos políticos y los registros a ayuntamientos y sedes empresariales. “Aquello fue un caos. Nadie sabía que iba a pasar. Del caos y el miedo del principio ahora queda la incertidumbre”, cuenta.

“En todo el proceso que se vivió en Lugo fue muy importante la repercusión en los medios y que la sociedad se puso se parte de los trabajadores. Pensaban: ‘Mira, ellos que son los que no tienen culpa, son los que se quedan sin cobrar”, reflexiona el sindicalista.

Las trabajadoras de Sermasa en Santiago esperan ahora lograr el mismo apoyo.