Los bonistas aligeran la nómina de Abengoa con miles de despidos 

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Desde que la empresa entró en preconcurso, la plantilla se ha reducido en 8.000 empleados, en su mayoría en el extranjero. El ajuste llega a España con el inicial despido de 500 trabajadores. Hasta 2018 deberán desaparecer al menos 4.000 más en todo el mundo

Sede de Abengoa en Sevilla

Madrid, 09 de mayo de 2016 (01:00 CET)

Menos plantilla, menos dinero que aportar. Los bonistas y bancos acreedores, que se han comprometido a poner en Abengoa entre 1.500 y 1.800 millones de euros hasta 2020, han empezado a presionar a la dirección de la empresa, presidida por Antonio Fornieles, para iniciar el severo ajuste de plantilla que implica la ejecución de un plan de viabilidad que dejará reducido el grupo de ingeniería a la mitad.

Una disminución de personal que, de manera sutil, se ha venido llevando a cabo desde que, en noviembre de 2015, entraran en concurso tanto la matriz como 44 filiales. Y cuyo alcance se conocía esta semana, al reconocer la empresa que, en cinco meses, la plantilla actual es de 17.000 empleados. Unos 8.000 trabajadores menos que, en su mayoría, estaban trabajando en proyectos en el extranjero.

Llegan los despidos forzados a España

Ahora le llega el turno del ajuste a la plantilla en España. Aunque en estos cinco meses, ya han salido de la sede de Sevilla y de algunas filiales unas 1.500 personas –mediante no renovación de contratos temporales y desvinculaciones voluntarias–, será ahora cuando se fuercen los expedientes de regulación de empleo.

La razón es simple. Los 450 millones de gastos generales anuales que Abengoa acarreaba en 2015 ya se han reducido en parte, pero el grueso del ajuste, hasta dejar esta carga en los 246 millones fijados para 2018, está por llegar.

Otros 4.000 empleados deben salir hasta 2018

Una simple regla de tres elevaría la plantilla a unos 13.000 empleados dentro de dos años, con lo que, hasta entonces, otros 4.000 trabadores, tanto en España como en el extranjero, deben desaparecer de la nómina.

En este contexto, los EREs y Ertes han empezado a asomar. Mientras que el resto de la plantilla solo recibía hace unos días una carta firmada por el presidente y el consejero delegado de la empresa, Antonio Fornieles y Joaquín Fernández, respectivamente, anunciando un ERE para reducir la plantilla en España un 10%, los 1.500 de Inabensa recibían dos.

Inabensa, ERES y venta

Junto a la de ERE general, otra referida a un Erte particular, con reducción de trabajo y salario, que pone de manifiesto que de esta filial saldrían 150 empleados, y otros tantos verían limitados el tiempo de trabajo y, lógicamente, los emolumentos a percibir.

Este nuevo movimiento sobre la filial –una de la más rentables del grupo que, en 2014, ganó 104 millones tras facturar 438 millones de euros– ha vuelto a disparar los rumores sobre su venta.

Tras trasladar su sede, desde el emplazamiento central del grupo en Palmas Altas al puerto de Sevilla, las desinversión se ha convertido en la comidilla diaria entre los empleados. El interés de Vinci, después de Siemens y, ahora también del fondo suizo Springwater –cuyos responsables acaban de visitar las instalaciones de la filial– vienen a corroborar esta inquietud, acrecentada ahora sobremanera con los anuncios de los expedientes de empleo.

Nuevas aportaciones de liquidez

Todo este reguero de bajas responde a las necesidades de los bonistas, principales financiadores del plan de viabilidad. Con los 137 millones que aportaron a mediados de marzo se pagaron las nóminas de ese mes y también las de abril, quedando todavía algo de liquidez en la caja, que pudiera resultar insuficiente para atender los pagos a finales de mayo.

A partir de aquí, si no es este mes, será en junio, pero algo de liquidez tendrá que llegar para afrontar los gastos corrientes inmediatos, y más teniendo en cuenta que el próximo mes, además de la nómina ordinaria, se debe hacer efectiva la paga extraordinaria.

244 millones para indemnizaciones

Así pues, si hasta entonces logran despedir a los 500 empleados en España, eso que se ahorrarían, aunque tuvieran que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes.

En el plan de reestructuración financiera se contempla que 244 de los 1.500 millones que pondrían los bonistas, a cambio de quedarse con hasta el 75% de la empresa, se destinarían para afrontar los gastos de reestructuración de la plantilla.  
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