Los bancos atan el mejor solar de Alfageme a la espera de un nuevo 'boom' inmobiliario

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Un proyecto residencial para edificar 200 viviendas de lujo en el antiguo cuartel general de la conservera en Vigo espera en el cajón

Planta de Miau de Alfageme en Vigo y protesta de trabajadores de Alfageme

en Vigo, 07 de mayo de 2015 (23:08 CET)

Los bancos acreedores de la antigua conservera Bernardo Alfageme, comercializadora de la marcas Miau y Guau y situada entre las tres primeras del ránking del sector a principios de la década pasada, han abierto una de las puertas que da acceso a desarrollar en el futuro un plan residencial de viviendas de alto nivel sobre el solar y la nave que formaban, a pie de ría, el cuartel general de la histórica compañía.

En una subasta programada en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra (con sede en Vigo), las entidades prestamistas se han adjudicado provisionalmente la joya de la corona de la empresa, un solar de casi 14.000 metros cuadrados y su nave, por un valor de algo más de 11,2 millones de euros, cuando su valor de tasación era de 35,6 millones, según fuentes judiciales.

Estas propiedades inmobiliarias servían de garantía a los bancos acreedores para recuperar sus préstamos en caso de impago del capital prestado, unos créditos que fueron cuantificadas por fuentes del sector en el entorno de los 40 millones de euros. Banco Popular, Banco Pastor (integrado en el primero) y Caixanova (ahora Abanca) fueron las entidades que más dinero prestaron a la conservera, que quebró con unas deudas totales próximas a los 60 millones.

Urbanización

Con la operación de adjudicación provisional sobre los terrenos y la nave, las entidades han dado un paso de gigante para poder desplegar en el futuro una operación de edificación que aguarda en el cajón desde hace años, basada en la construcción de unos 220 pisos de alto nivel a pie de ría.

Para poder llevar a cabo este plan, la calificación urbanística del solar, en su momento industrial, ya fue modificada hace años como suelo residencial, si bien con muchas limitaciones porque el edificio está protegido como patrimonio cultural dada la especial arquitectura de la nave. Se podrá vaciar la nave, pero debe dejarse obligatoriamente intactas las fachadas y los laterales, y no puede alcanzarse más de tres alturas.

Contraoferta

La operación en el juzgado aun no ha culminado. Deben pasar diez días hasta que el ejecutado, esto es Bernardo Alfageme (y su antiguo propietario, la inmobiliaria Promalar), a través de su administración concursal, presente otro comprador con una cifra mejor que la ofrecida por las entidades bancarias. Si los peritos no hacen uso de esta facultad, la ley establece que las entidades podrán adjudicarse el inmueble por el 60% del valor de tasación, situado por el perito judicial en 35 millones.

De esta forma, mientras que los bancos se hacen con una propiedad con un precio inferior al tasado, simultáneamente podrán seguir persiguiendo judicialmente a su deudor hasta que les pague todas las deudas. Mientras tanto, aún no recuperan todo lo invertido en concepto de préstamos en dinero, pero se quedan a la espera de que esta operación urbanística pueda pasar a una nueva fase cuando repunte el mercado inmobiliario.

Sueldos

De la operación quedan por resolver varias incógnitas. La primera de ellas es si los trabajadores de la antigua conservera podrán recuperar parte de sus sueldos adeudados, si bien estos podrían haber sido liquidados en su momento por el Fogasa, extremo en el que discrepan las fuentes consultadas por este medio, aunque con un valor inferior a lo realmente adeudado.

La ley, al considerar estos salarios un crédito de los empleados contra la masa, les concede un privilegio de cobro incluso antes que los acreedores hipotecarios, como es el caso de los bancos. La cifra máxima que por esta vía podrían recuperar los antiguos trabajadores es una mensualidad tasada al doble del salario mínimo interprofesional.

Avales públicos

Por otro lado, de los 40 millones prestados por las entidades bancarias a la firma en la década anterior, 33 de ellos fueron avalados por la Xunta de Galicia, en concreto por el Igape. De este modo, al actuar la Administración gallega como fiadora, las entidades podrían exigir a esta el reembolso del dinero prestado y garantizado que los bancos no han podido rescatar directamente de la empresa embargada.

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