Los ayuntamientos engordan sus arcas a costa de las madereras

El papel de Galicia como potencia forestal tiene muchas vías de agua. El sector de la madera lidera las exportaciones en el Estado y da empleo a 20.000 trabajadores, pero lleva tiempo intentando poner orden en su materia prima, los bosques. Los desequilibrios provocados por una estructura de la propiedad del monte gallego dominada por el minifundio han impedido un aprovechamiento óptimo de la superficie forestal y la caída de la construcción ha impactado en las madereras, arrasando la industria del mueble y ocasionando no pocos trastornos a grupos consolidados, como Finsa.

A estos achaques, se ha sumado un incremento de la presión fiscal sin precedentes en los municipios. Más de 80 ayuntamientos incorporan en sus ordenanzas tasas para gravar la actividad de las empresas que cortan madera en su territorio. A este gravamen se suman otros por la utilización de caminos y la exigencia de fianzas que pueden alcanzar hasta los 80.000 euros para cubrir posibles daños. Es decir, las empresas tienen que adelantar esta cuantía en concepto de depósito antes de poder cortar y transportar la madera que han comprado.

¿Medida recaudatoria?

La crisis ha incentivado la aplicación de este tipo medidas en la administración local. Es la conclusión que saca la patronal de la madera, Confemadera, basándose en dos argumentos. Cerca de 30 ayuntamientos han incorporado tasas y gravámenes que afectan a la corta y transporte de madera a su normativa en el último año y medio, contraviniendo, según Elier Ojea, presidente de Confemadera, las directrices de la Ley de Montes de 2012 de la Xunta.

Por otro lado, la mayoría de los municipios que hacen caja con las madereras se ubican en las zonas de mayor actividad de las empresas, en la Mariña lucense y en A Coruña. De hecho, entre las dos provincias sumaban a cierre de 2013, 71 de los 78 municipios con ordenanzas forestales y de protección de caminos, entre ellos, Sada, Ferrol, Carballo, Narón, Oleiros, Viveiro, Ribadeo, Portomarín, Foz o Santiago.

Maraña burocrática

Sea una medida recaudatoria o cumpla su objetivo primero, la protección forestal y de las vías públicas, lo cierto es que está causando un efecto disuasorio, sobre todo, en las empresas de menor tamaño, que tienen que afrontar fianzas preventivas de entre 50.000 y 80.000 euros para realizar una corta grande. Posteriormente, es necesario un informe técnico sobre los posibles daños provocados por la actividad que demora meses el reintegro de la cuantía.

Junto a este obstáculo, las empresas tienen que lidiar hasta con 15 administraciones diferentes y solicitar un número de permisos que puede sobrepasar la decena. Además de los municipales y autonómicos, la Confederación Hidrográfica tiene competencias cuando se trata de un terreno ubicado en los márgenes de un río y también debe intervenir la Consellería de Cultura en el caso de encontrarse en alguna de las rutas del Camino de Santiago. Hay que solicitar también la autorización de las Diputaciones provinciales y del Ejecutivo central, que regula el transporte de la madera.

Agilizar los trámites

La Xunta se ha comprometido a aligerar esta pesada burocracia, una de las peticiones del sector y una de las medidas recogidas por la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié en el plan para el desarrollo del monte gallego que entregó al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, el pasado año. Sin embargo, esta hoja de ruta está todavía por estrenar en lo que a iniciativas puestas en práctica por la Administración se refiere.

La pesada tramitación de las cortas y el transporte de la madera es asumido por los rematantes, un negocio compuesto por pequeñas empresas familiares que facturaron 374 millones de euros en 2012. Al problema del pequeño tamaño de la industria se suma una estructura de propiedad atomizada, que hace que pocas talas sean rentables.