‘Los Albertos’ esperan que el Gobierno les indulte como a Sáenz
Cortina y Alcocer solicitaron la medida de gracia hace unas semanas para evitar una segunda condena de cárcel por el 'caso Urbanor'
Los cambios de Gobierno son momentos propicios en España para solicitar y obtener indultos. Tras la polémica gracia otorgada el viernes al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ahora son los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, más conocidos como Los Albertos los que esperan su turno para obtener el suyo después de haber presentado la solicitud hace unas pocas semanas.
Los exmaridos de Alicia y Esther Koplowitz presentaron una petición de indulto al Gobierno para que les sea conmutada la pena de cuatro meses de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo por un intento de estafa procesal al utilizar una carta falsa para que se revisara su condena en el llamado caso Urbanor.
La petición está en manos del Ministerio de Justicia, que elude hacer cualquier comentario sobre este proceso. “El Gobierno no facilita ninguna información sobre los indultos hasta que llegan al Consejo de Ministros”, afirma un portavoz del ministerio.
Tampoco informa el Ejecutivo al partido entrante en el Gobierno. En las reuniones de traspaso de poderes celebradas en la Moncloa entre Ramón Jaúregui y Soraya Sáenz de Santamaría no se ha facilitado información sobre el indulto a Sáenz ni sobre otros expedientes de este tipo.
Los Albertos forman parte del selecto club de españoles incluido en la lista de millonarios mundiales que elabora la revista Forbes. Además, son los segundos accionistas del grupo ACS, con una participación cercana al 14%, y forman parte del núcleo duro de accionistas que controla esta sociedad, junto a Banca March, el propio presidente, Florentino Pérez, y algún accionista de menor peso en el capital.
Segundo indulto
Éste no es el primer indulto que solicitan los famosos empresarios. También en relación al caso Urbanor, pidieron un primer indulto en marzo de 2003, después de que el Supremo les condenara a una pena de tres años y cuatro meses en prisión por falsedad en documento mercantil y por estafar a sus socios en el proceso de venta de los terrenos de Urbanor al grupo KIO.
En octubre de aquel año, el Consejo de Ministros decidió denegar el indulto. Cortina y Alcocer, sin embargo, nunca llegaron a entrar en prisión. De hecho, quedaron absueltos en febrero de 2008, cuando el Tribunal Constitucional consideró prescrito el delito de estafa que habían cometido.
