Las patronales de A Coruña, Lugo y Ourense se unen para echar a Alvariño antes de las elecciones

Los críticos a la gestión del presidente, entre los que también están importantes sectoriales, presentarán firmas para forzar su cese y proponen anular todos los contratos firmados durante su mandato

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La Confederación de Empresarios de Galicia hace aguas. El anuncio de la convocatoria adelantada de elecciones por parte del presidente, José Manuel Fernández Alvariño, no ha tranquilizado los ánimos y este martes, después de que se anulase la junta directiva prevista, los críticos a la gestión de Alvariño han lanzado una nueva ofensiva.

Representantes de las Confederaciones provinciales de Lugo, A Coruña y Ourense se reunieron por la mañana para consensuar un documento que apoyan también miembros de la patronal pontevedresa –Jorge Cebreiros, el presidente, no acudió al encuentro– y varias sectoriales, que acumulan un importante número de votos. En el texto, se censura a Alvariño por anular la convocatoria y se rechazan las críticas vertidas por el presidente de la patronal, que acusaba a los críticos de bloquear la aprobación de las cuentas de la institución.

Toda la comisión de economía, creada por Alvariño para intentar llegar a un acuerdo en los presupuestos y las cuentas, ha dimitido, así como el contador de la patronal, Alejandro Cruz.

El compromiso de las tres patronales es forzar una Asamblea Xeral, el máximo órgano de decisión de la CEG, para intentar desalojar al presidente. «Instar a la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de la CEG (…) a efectos de la aplicación del artículo 18.5 de los Estatutos, relativos al cese del cargo del presidente de la CEG, así como para acordar el cese de cualquier otro cargo con responsabilidad económica», dice el acuerdo entre patronales.

Anulación de los contratos

Para ello, anuncian que este jueves presentarán ante la sede de la organización «las firmas suficientes» para forzar la convocatoria de Asamblea y censurar la gestión del presidente. Del mismo modo, las patronales acordaron pedir a la Junta Directiva y Comité Ejecutivo la suspensión de todos los contratos de externalización de servicios firmados durante el mandato de Alvariño, que incluyen los adjudicados a las empresas del presidente de la patronal.

Excluyen de esta petición, los relativos a las oficinas de la CEG en el exterior, que financie el Igape, para «garantizar y no seguir perjudicando la estabilidad económica de la organización»

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