Las ocho querellas contra la gestión de Pescanova llegan a Anticorrupción

Mientras los administradores concursales de Pescanova se reúnen con la banca acreedora para cerrar una inyección de crédito urgente, ocho querellas contra la gestión de la multinacional han llegado a la Fiscalía Anticorrupción.

Parten, en su mayoría, de diversas asociaciones de accionistas minoritarios afectados por la crisis de la pesquera. Falta todavía por saber si serán o no aceptadas a trámite.

Investigación de la CNMV

Así lo explicó a Economía Digital Joaquín Yvancos, abogado de uno de los primeros despachos que presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional en la que solicitan hasta seis años de cárcel para el consejo de administración de la firma gallega por delitos como falseamiento de cuentas, administración fraudulenta o uso de información privilegiada.

Según indicó Yvancos, la Audiencia Nacional ha remitido todas las querellas a Anticorrupción. Precisamente a finales del mes pasado, la Fiscalía General del Estado también trasladó al fiscal jefe contra Corrupción y Criminalidad Organizada, Antonio Salinas, el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre Pescanova.

Información privilegiada

El 19 de abril, el supervisor bursátil envió un escrito al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, en el que se denunciaba la posible utilización de información privilegiada por parte del presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, así como otros accionistas y directivos que vendieron acciones antes de que la crisis de la pesquera se precipitase.

El presidente de la pesquera, actualmente apartado por el juzgado de la gestión del grupo, vendió la mitad de sus acciones en los meses previos al preconcurso de acreedores.

Fondos extranjeros

Entre las ocho querellas presentadas no hay ninguna formulada por fondos extranjeros, aunque los despachos de abogados insisten en que hay varios interesados en sumarse en breve a este proceso.

Yvancos aseguró a este medio su intención de solicitar medidas cautelares contra Fernández de Sousa y otros miembros del consejo para que no puedan hacer uso de sus cuentas.

Por otro lado, el fondo Luxempart, que ostenta una participación del 5,83% en Pescanova, también prepara una acción judicial contra el presidente del consejo de administración, con el fin de obtener una condena penal y reparaciones civiles por su gestión al frente de la compañía.