La ex ministra de Fomento, Ana Pastor, y la conselleira Ethel Vázquez, visitaron las obras del túnel de A Canda una vez finalizada la perforación / Xunta

Las obras del AVE a Galicia llegan a los juzgados

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Un grupo de Zamora litiga con la quincena de empresas encargadas de las obras del Túnel de A Canda, uno de los tramos más complejos del AVE

Economía Digital Galicia

La ex ministra de Fomento, Ana Pastor, y la conselleira Ethel Vázquez, visitaron las obras del túnel de A Canda una vez finalizada la perforación / Xunta

en A Coruña, 26 de octubre de 2017 (06:00 CET)

La llegada del AVE a Galicia también se dirime en los juzgados. En este caso, tanto en el de Primera Instancia número uno de Ourense como en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ourense. Nada menos que tres uniones temporales de empresas, que incluyen a más de una quincena de compañías, casi todas constructoras, se han visto envueltas en un proceso judicial a raíz de la demanda de una empresa de áridos, que las llevó al juzgado por "ocupar" unos terrenos que, supuestamente, tenía arrendados y sobre los que esas mismas constructoras llegaron a levantar hasta una planta de hormigón y otra de "machaqueo" de áridos.

El caso es que la firma Áridos Vilavella SL, con base en Zamora y participada por el grupo constructor Arcebansa, presentó una demanda contra todas las empresas integradas en las uniones temporales del Túnel de A Canda, tanto para su vía derecha como izquierda, así como contra la alianza conformada por Cacsa y  Oicogem. Conformaban el grupo, de esa quincena larga de empresas, firmas como Copasa, Construcciones Obras y Viales (Covisa) Obras Generales del Norte SA, Construcciones Sánchez Domínguez (Sando), Construcciones Asfaltos y Control SA, Rover Alcisa SA, Construcciones y Transacciones Informáticas en la Red SL, Copisa Constructora Pirenaica SA y Comercial Arroyo Construcción SA, entre otras.

Plantas de hormigón

Primero en el Juzgado de Primera Instancia número uno de Ourense y después en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en recurso de apelación, la compañía zamorana aseguraba que era la poseedora de varias parcelas en el Ayuntamiento de A Mezquita para la explotación de áridos. Lo era, mantenía, en virtud del contrato de arrendamiento suscrito en 2012 con su propietaria, la Comunidad de Montes de Vilavella en A Canda.

La compañía de áridos aseguraba que, a principios del mes de diciembre del año 2014, al realizar una visita a la zona, "comprobó que en las fincas se habían realizado acopios de materiales en varios lugares, instalándose incluso una planta de hormigón y una planta de machaqueo, lo que la imposibilitaba en absoluto el uso de las fincas para el inicio de la actividad de extracción para la que había sido autorizada". Primero el juzgado, y en una reciente sentencia del pasado mes de septiembre de la Audiencia Provincial, las magistradas que conforman la Sección Primera consideran que los argumentos de la reclamación no se sustentan si se atiende a los plazos de caducidad de la ocupación de las parcelas de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Obras de envergadura

El asunto no hubiera ido más allá si no fuera porque las obras del Túnel de A Canda se encuentran entre las de mayor envergadura de todas las del AVE a Galicia. Fomento adjudicó en agosto de 2012 las obras de las dos vías del Túnel de A Canda, que discurre por los términos municipales de Lubián (Zamora) y A Mezquita (Ourense), por un importe total de 182 millones de euros.

Las obras de la vía izquierda del túnel de a Canda fueron adjudicadas a la UTE constituida por Copasa, Copisa, Sercoysa y Construcciones Obras y Viales, por un importe de 88,4 millones de euros. Las de la derecha se otorgaron a la UTE formada por Sando, Obras Generales del Norte, Rover Alcisa, Construred y Construcciones Asfaltos y Control, por un importe de 93,6 millones.

El proceso seguirá

Pese a los dos fallos, contrarios a sus pretensiones, fuentes del equipo jurídico de Áridos Vilavella anuncian que estudian proseguir con las acciones judiciales, aunque está descartada la vía del recursos al Tribunal Supremo, para que al menos se hagan valer los supuestos derechos de la compañía de Zamora sobre los terrenos de A Mezquita en los que se levantaron las plantas de áridos y de hormigón.

Las mismas fuentes señalan que apelarán, por ello, a la vía administrativa, al tratarse de concesiones de explotación de áridos, con licencias concedidas en su día por la Administración gallega en virtud a sus competencias en materia de minería.

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