Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra / EFE

Las obras de Ence en Pontevedra pasarán por el despacho de Lores

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia da la razón al Concello de Pontevedra y obliga a Ence a pedir licencia para las obras en Lourizán

Cruce de sentencias entre el Concello de Pontevedra y Ence. Si la pastera celebraba este viernes que la Audiencia Nacional continúa adelante con la causa por la prórroga de su concesión en Lourizán, lo que le permitirá defender su continuidad a pesar del allanamiento del Gobierno, el Consistorio que dirige Miguel Anxo Fernández Lores ha presentado también este viernes un fallo que le da la razón frente a la pastera.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) establece que la compañía deberá pedir licencia municipal para hacer obras en su complejo industrial, ratificando así la paralización de unos trabajos por parte del Ayuntamiento en 2016 por no tener cabida en el Plan Sectorial de Incidencia Supraminicipal.

El portavoz del Concello, Raimundo González, calificó de "demoledora" la sentencia, que hacía referencia a las actuaciones en la zona de pesaje de camiones y en las balsas de decantación, pero que tendrá incidencia en las obras que pretenda realizar la pastera. En 2016, el gobierno municipal, tras una inspección urbanística, decretó la suspensión de los trabajos por falta de licencia y abrió un expediente para obligar a Ence a reponer la legalidad.

Ence puenteó al Concello

La compañía que preside Juan Luis Arregui argumentaba que el Plan Sectorial la eximía de solicitar la licencia urbanística, ya que lo tramitaba directamente a través de la Xunta. Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia concluye que las actuaciones ejecutadas no figuran en dicho plan y que, además, lo incumplen al invadir espacios reservados para viales, zonas protegidas ambiental y paisajísticamente por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y terrenos de dominio marítimo-terrestre que no podían ocupar bajo la autorización supramunicipal.

El Concello de Pontevedra consideró esta sentencia una muestra del “amparo” que recibe la empresa desde la Xunta.

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