Las nuevas inversiones de Ence obligan a la Xunta a cambiar la norma sobre biomasa

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Un decreto autonómico limita a 10 megavatios la potencia máxima por planta, cuatro veces menos de la obtenida por la compañía para su nueva planta

Pablo Barro

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (ambos en funciones)
El conselleiro de Economía, Francisco Conde, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (ambos en funciones)

en A Coruña, 27 de enero de 2016 (01:54 CET)

La continuidad de Ence en Lourizán da pie a que la compañía ponga en funcionamiento su maquinaria inversora. La pastera ha anunciado mejoras medioambientales y operativas por valor de 61 millones de euros en los próximos años, una cantidad que podría aumentar hasta los 135 millones si finalmente Pontevedra es el emplazamiento elegido para desarrollar la planta de biomasa contemplada en su Plan Estratégico y en la solicitud de prórroga. Y también si la Xunta se lo permite, claro está.

La cuestión es que Galicia es la única comunidad con una normativa que limita la potencia de las nuevas plantas. A pesar de que en la subasta realizada por el Ministerio de Industria tanto Ence como la gallega Renova Generación obtuvieron una retribución de 40 y 49 MW respectivamente, ninguna de las dos ha confirmado aún que la inversión se vaya a realizar en tierras gallegas, aunque es lo que ambas desean. El decreto en vigor, que data de 2008 – con el bipartito en la Xunta – impide la puesta en marcha de plantas de más de 10 MW, al tiempo que fija un tope para toda Galicia de 80 MW.

Viabilidad

La propia Ence indicaba sobre la elección del emplazamiento definitivo que tendría en cuenta la disponibilidad de biomasa, "así como las ventajas y facilidades administrativas e institucionales que pueda encontrar el proyecto". Lo mismo ocurre con Renova Generación, del grupo García Forestal. Quieren desarrollar el proyecto en Galicia, porque es donde está el recurso y donde la empresa tiene su actividad, aunque en su caso tienen la alternativa de Asturias, donde cuentan con dos plantas autorizadas y donde recibirían con los brazos abiertos una inversión de 100 millones de euros.

Desde la Asociación Gallega para la Valorización Energética de la Biomasa (Agaveb), su presidente, Manuel García, explica que la norma gallega se aprobó con la intención de regular el sector en un momento en el que las primas hacían viable este tipo de proyectos. No obstante, con el actual sistema de subastas, "la rentabilidad queda limitada a proyectos de gran envergadura que, paradójicamente, no se pueden desarrollar con la normativa vigente". "Producimos el 50% de la biomasa. Sería triste que un decreto dejase fuera de juego a Galicia", apunta.

Negociaciones

En este sentido, García señala que desde hace año y medio trabajan con el Ejecutivo autonómico en analizar las posibilidades que permitan derogar el decreto y plantear una normativa que no limite el desarrollo de proyectos viables. Están pendientes de una nueva reunión, pero aseguran que si la decisión no se ha tomado ya es más por una cuestión de "trámite administrativo" que de voluntad, ya que desde la Xunta les han transmitido que su intención es que Galicia no tenga limitaciones de ningún tipo, como en el resto de España, "para no quedarse a la cola".

Sin embargo, desde el departamento autonómico de Economía e Industria no han querido confirmar esta postura ni la existencia de negociaciones para derogar el decreto. Simplemente señalan que todos los proyectos de inversiones en energías renovables en Galicia "se estudiarán evaluando su viabilidad desde el punto de vista técnico, ambiental y jurídico", pero la realidad es que, si se mantiene el decreto, Galicia quedará en desventaja competitiva con el resto de territorios para retener las inversiones millonarias de estas dos empresas.
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