Las guerras judiciales de Iberdrola y la Xunta

stop

La eléctrica mantiene litigios abiertos con el Gobierno gallego desde la etapa del bipartito por el canon a los embalses, el canon eólico y el impuesto de transmisiones patrimoniales

Ignacio Galán y Núñez Feijóo

en A Coruña, 09 de abril de 2016 (22:35 CET)

Iberdrola es una empresa ligado a lo público. Y no sólo por el aprovechamiento de los recursos naturales para la generación de energía, sino también por los numerosos procesos judiciales en los que litiga contra las administraciones. Incluída la Xunta, con quien los procesos abiertos se remontan al último año del bipartito.

Así consta en la memoria anual de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, que además de mantener un próspero negocio eólico en Galicia, ha realizado importantes inversiones para sembrar la cuenca del río Sil de centrales hidroeléctricas. En la larga lista de procesos judiciales de la eléctrica, habitual en las empresas del sector, figuran tres referencias a la comunidad y todas en materia fiscal: el canon a los embalses, el canon eólico y el impuesto de transmisiones patrimoniales que grava a los parques. En todas ellas se juega cantidades millonarias.

El canon hidráulico

Así, explica Iberdrola, continúa pendiente de que se resuelva su recurso por posible inconstitucionalidad contra el "impuesto sobre el daño medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos del agua embalsada", el llamado canon a los embalses o canon hidráulico que aprobó el bipartito y del que se desmarcó el Partido Popular de Feijóo, apenas unos meses antes de que, sin contarlo, llegara a la Xunta. El impuesto gravaba casi en exclusiva a las grandes eléctricas, pues las minicentrales no alcanzaban el límite fijado de captación de agua.

Galán batalló contra el canon desde el principio. De hecho, Iberdrola Generación presentó recursos contra las liquidaciones pagadas de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 giradas al amparo de dicha ley. El Tribunal Superior de Xustiza, sin embargo, dio validez al impuesto en todas sus sentencias, la más reciente de diciembre de 2014, en la que confirmaba a la compañía que tenía que pagar los 3,4 millones correspondientes solamente al ejercicio de 2011. Iberdrola siguió encadenando recursos.

El canon eólico

La sala entendía que, siendo evidente la competencia del Gobierno gallego para crear y aplicar un impuesto medioambiental, también lo eran los "daños notorios" causados por los embalses "al afectar al curso natural de los ríos" y rechazaba la cuestión de inconstitucionalidad planteada por Iberdrola, a quien le sucede algo similar con el canon eólico que creó Feijóo, el mismo que antes había rechazado el canon hidráulico.

Iberdrola mantiene procesos judiciales abiertos en Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León sin lograr victoria alguna en los tribunales contra el impuesto que grava el impacto ambiental de los parques eólicos. En el caso de la comunidad gallega, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumbó el recurso de la compañía el 10 de julio de 2014.

Iberdrola Renovables llegó hasta el final. Según explica en su memoria "interpuesto incidente de nulidad de actuaciones frente a esta sentencia, como paso previo para acudir en amparo al Tribunal Constitucional, el 26 de enero de 2015 se notificó el auto por el que se desestimaba el incidente presentado. Posteriormente, y con fecha 5 de marzo de 2015, se interpuso recurso de amparo constitucional, que fue rechazado por el Tribunal Constitucional en junio de 2015".

La única victoria

Es decir, el canon eólico siguió en pie. No sucede lo mismo con el impuesto de transmisiones patrimoniales que, a pesar del empeño de la Xunta, también proclive en recursos judiciales, ha sido rechazado primero por Hacienda y después por los tribunales.

Como viene relatando este medio, Norvento, la propia Iberdrola o EDP se han ahorrado pagos millonarios del gravamen. En los fallos más recientes, el grupo portugués se libró de pagar 3,47 millones por el parque eólico Muxía; el grupo gallego evitó abonar 1,1 millones  por el parque de Sasdónigas; e Iberdrola 1,5 millones por Ampliación Sil.

El razonamiento de los tribunales es que, en el caso de los parques eólicos, no se trata de una concesión sino de una autorización administrativa "pues no nos encontramos ante la prestación de un servicio público, y por tanto, no se otorgan facultades de gestión de un servicio público, ni de atribución del uso privativo de bienes de dominio o uso público, ni de aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público", lo que deja fuera la aplicación de este impuesto.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad