Las granjas gallegas paralizarán el suministro de leche

Los productores lácteos gallegos han dicho basta. Las continuas bajadas en el precio que perciben por la leche en origen –actualmente en torno a los 0,28 céntimos por litro, la más baja del Estado exceptuando a las Islas Baleares– no compensa los costes de explotación, disparados por el aumento de los gastos en fertilizantes, electricidad, combustible y piensos.

Las granjas cierran o, como alternativa, acumulan deudas. Los sindicatos mayoritarios –Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores y Sindicato Labrego– llevan desde el verano realizando movilizaciones conjuntas para pedir una solución política para un sector del que dependen 50.000 empleos en Galicia. Este lunes han ido un paso más allá. En una reunión, que calificaron de “histórica”, con «la práctica totalidad» de las organizaciones, federaciones, cooperativas y asociaciones en las que se agrupa el sector en Galicia, han acordado iniciar una huelga de entregas a partir del 27 de noviembre, rompiendo la relación con las distribuidoras y con las empresas que comercializan su producto.

“Será una de las acciones de presión contra las industrias, distribución y administraciones para poner freno al expolio inmoral e ilegal que cada día sufren los ganaderos gallegos», aseveran en el comunicado.

Piden comprensión a los consumidores

Conscientes de la contundencia de la medida, las organizaciones agrarias han pedido “comprensión y apoyo” a los consumidores que se puedan ver afectados. “Intentamos evitar que comarcas enteras se vacíen de actividad comercial, quedando reducidas a la miseria económica y social”, exponen.

A pesar de la dureza, no será la única acción de protesta del sector. En la reunión acordaron constituir un grupo de trabajo para diseñar más medidas de presión con carácter “inmediato”.

Agricultura aplazó el problema

La situación límite que atraviesan las explotaciones lácteas gallegas no es nueva. Antes de las elecciones gallegas, Alberto Núñez Feijóo mantuvo una reunión con el ministro de Agricultura, Arias Cañete, para abordar el problema. El titular del ministerio impulsó la Ley de la Cadena Alimentaria –cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el 19 de octubre– para favorecer los contratos firmados entre los productores y las empresas.

Sin embargo, en el rural gallego percibieron la medida como un aplazamiento del problema, más que como una solución. “Sin la figura de un mediador la posición de los productores para negociar es demasiado débil –exponen en Unións Agrarias–, es un reconocimiento que sirve de poco si no se activan elementos reguladores que equilibren las fuerzas”.

“La huelga es contraproducente”, según la Xunta

Ante el anuncio de huelga en las entregas de leche, la consellería de Medio Rural ha recordado su compromiso con el sector. “Somos plenamente conscientes de las dificultades que atraviesa y trabajamos en la búsqueda de soluciones, que llegarán a través de medidas legislativas como son los contratos o la Ley de concentración de oferta en origen”, han dicho fuentes de la Xunta a Europa Press.

Sin embargo, han advertido que la huelga será “contraproducente” para los intereses de los propios productores.

Así, el departamento que dirige Rosa Quintana ha garantizado que continuará el «esfuerzo de gestión» para tratar de «paliar la falta de liquidez de las explotaciones», con iniciativas como «la reciente aportación de 31 millones de euros a mayores en ayudas», y ha hecho un llamamiento a las organizaciones agrarias porque “jugarán un papel importante en la negociación con la industria”.

Situación límite

A la espera de que estas medidas surtan efecto, los cierres de explotaciones siguen produciéndose. En declaraciones a Economía Digital, la Asociación Galega de Cooperativas Alimentarias (Agaca) advirtió este verano que “muchos productores estarán en la ruina en pocos meses o tendrán que sacrificar el ganado para evitarla”.

Desde entonces, centenares de granjas han echado el cierre. Esta misma semana, La Voz de Galicia recogió un informe de Unións Agrarias en el que advertía que cerca de 3.000 explotaciones que se acogieron al plan de modernización se encontraban al borde de la suspensión de pagos.