Las eólicas presionan a la Xunta para que se plante ante Soria

El sector eólico gallego ha pasado a la ofensiva. Las críticas a la política energética del ministerio dirigido por José Manuel Soria, que califican de “improvisada, errática e incoherente”, han salpicado también a la Xunta. El sector está «amenazado por una grave crisis tras nuevas normas implantadas por la Administración central y determinadas prácticas de la Administración autonómica”, asegura la Asociación Eólica de Galicia (EGA) en un comunicado.

Aunque el texto no entra en más detalles sobre esas “determinadas prácticas”, fuentes de las empresas aseguran que varios proyectos están funcionando “por debajo del umbral de viabilidad”, debido a los recortes de Industria y a las exigencias de la Xunta. Actualmente, Galicia tiene instalados 3.289 megavatios y una cantidad similar otorgada en el último concurso eólico, pero las empresas ven muy difícil su implantación.

Recurso de inconstitucionalidad

La advertencia sobre la paralización del concurso eólico aumenta la presión sobre la Xunta. Para completar el cerco, EGA envió una petición a sesenta y seis gobernantes y parlamentarios gallegos –incluyendo al presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios– para que promuevan la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en contra del Real Decreto Ley 2/2013 impulsado por Industria. Advirtiendo en la misiva de la delicada situación del sector.

El decreto –que permitirá ahorrar al Gobierno central entre 250 y 500 millones para atajar el déficit tarifario, según el ministro de Indusria José Manuel Soria–, establece que perderán la posibilidad de escoger entre una tarifa regulada fija o acudir al precio de mercado de la electricidad beneficiándose de una compensación. Esta última prima ha sido eliminada, por lo que las empresas se refugiarán como mal menor en la tarifa regulada.

Para el sector gallego, esto significa el fin de la rentabilidad. Los promotores se situarán «por debajo de los ingresos necesarios para responder de los créditos bancarios» pedidos para levantar los parques, según aseguró en su día el secretario xeral de EGA, Íñigo Muniozguren.

Contra el decreto

EGA identifica lo que denomina “vicios de inconstitucionalidad” en el Real Decreto aprobado por el Gobierno. Sostienen que atenta gravemente “contra la seguridad jurídica del sistema, contra el principio de confianza legítima y contra la expresa irretroactividad de las normas».

Pero además supone un golpe difícilmente digerible para el sector. El impacto es doble. Merma los ingresos de los endeudados parques que se pusieron en marcha con créditos bancarios, y deja un escenario de escasa rentabilidad para los nuevos proyectos.

La Xunta y las eólicas

El Gobierno gallego no se ha pronunciado hasta el momento sobre el requerimiento de la patronal eólica, con la que ha vivido ya varios enfrentamientos, principalmente por cuestiones de fiscalidad, como el canon para gravar los aerogeneradores o el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Del mismo modo, EGA aplaudió con fuerza la decisión de la Xunta en noviembre de 2012, cuando presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que suspende las primas a las nuevas instalaciones de energía renovable en base a que “invade competencias propias de la comunidad”. La actual demanda del sector tiene un claro precedente.