Las cotizadas gallegas ‘pasan’ de los tribunales: reservan 120 millones para litigios

Cada año, las grandes empresas reservan una parte de sus recursos para hacer frente a posibles obligaciones futuras, entre ellas, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con litigios judiciales. Las grandes compañías del Ibex (sin contar las entidades financieras) provisionaron el pasado año más de 5.000 millones sólo en este concepto.

Sin embargo, semeja que las grandes empresas gallegas, incluido un gigante de las magnitudes de Inditex, no tienen grandes contiendas judiciales. Tanto la textil de Amancio Ortega como Zeltia, San José e incluso la suspendida de cotización Pescanova reservaron en conjunto el pasado 2014 poco más 120 millones de euros para hacer frente a litigios en los juzgados.

Iberdrola se lleva la palma

Esos 120 millones provisionados por las cotizadas gallegas son menos de una décima parte de lo que reservó el pasado año, sólo para hacer frente a posibles juicios, Iberdrola. Según una información de El Economista, la compañía de Ignacio Sánchez Galán reservó el pasado año 1.258 millones para hacer atender a posibles litigios abiertos. En esta cifra se incluyen diversas reclamaciones derivadas de los cambios regulatorios en España, así como recursos en Brasil, Grecia, Escocia, Bolivia o Estados Unidos.

Sin embargo, las provisiones de las grandes empresas gallegas son mucho más reducidas. A 31 de enero de este año, la multinacional textil con sede en Arteixo tenía unas provisiones de 200,6 millones de euros, de los que 60 estaban destinados a satisfacer obligaciones con el personal en un plazo de entre tres y cinco años y 93,4 millones tenían como destino eventuales «reclamaciones legales u obligaciones implícitas derivadas de actuaciones pasadas que incorporan una salida de recursos probables y cuya salida es fiable».

De Inditex a San José

Añade Inditex, no obstante, que «a fecha de la formulación de estas cuentas anuales, no existen litigios cuya resolución pueda afectar de manera significativa a la situación patrimonial del grupo».

Otra de las grandes cotizadas gallegas, la constructora pontevedresa San José, atravesó momentos convulsos en 2014, año en el que finalmente logró que la banca acreedora refinanciase su ingente deuda a cambio de entregarle el poder de su división inmobiliaria. Sin embargo, y a pesar de estos problemas, la compañía de Jacinto Rey parece alejada de los tribunales.

Para este tipo de contingencias, además de para solventar problemas en las sociedades inmobiliarias del grupo, la constructora reservó, según su memoria anual, 20,7 millones. El grupo gallego explica que a cierre del ejercicio pasado «se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones establadas contra sociedades consolidadas, con origen en el desarrollo habitual de sus actividades». Asegura que sus asesores legales entienden que estos procedimientos «no producirán efecto significativo en las cuentas» de la compañía.

Liquidaciones tributarias de Pescanova

También Pescanova, que continúa suspendida de cotización desde febrero de hace dos años, cuando se desató una crisis sin precedentes derivada de la falsa contabilidad que supuestamente, durante años, desarrolló la empresa mientras estuvo en manos de Manuel Fernández de Sousa, tiene reservados para «riesgos y gastos» 7,6 millones de euros. Estos, según sus comunicaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se corresponden con «provisiones para impuestos en España y otros países y, adicionalmente, para diversos recursos contencioso administrativos que la compañía mantiene ante diversos tribunales españoles y extranjeros». Explica la pesquera que la mayoría están en el Supremo y tienen que ver con «liquidaciones tributarias entre los años 90 y 97».

Zeltia y Adolfo Domínguez

Zeltia, la farmacéutica de José María Fernández de Sousa, tiene unas provisiones recogidas en su balance de 6,2 millones. La compañía pontevedresa no tiene ningún ejercicio abierto a inspección más allá de los habituales, correspondientes a los últimos cuatro años. Los administradores, como en los casos anteriores, no creen que las revisiones de los distintos impuestos puedan derivar en «pasivos adicionales».

Por su parte, en la última memoria anual presentada por Adolfo Domínguez ante la CNMV, la textil ourensana, que acaba de activar un nuevo expediente de regulación de empleo para tratar de revertir la situación en la que se encuentra, con números rojos al alza, explica que tiene garantías comprometidas con terceros por valor de 5.400 euros destinados a cubrir litigios.