Las ayudas del Gobierno a los ganaderos chocan con la normativa europea

El programa de ayudas activado por el Ministerio de Agricultura para compensar a las explotaciones que ingresaban bajos precios por la leche en origen aterrizó en el BOE después de una larga discusión con los productores, que pidieron una solución a la francesa para la crisis del lácteo, con un precio mínimo de venta. El Gobierno descartó la propuesta para no entrar en conflicto con las normas comunitarias de competencia. Sin embargo, las ayudas actuales, que sirven a las granjas para ganar tiempo hasta que la cadena de valor se ordene y el dinero llegue a los ganaderos, tampoco se zafan de las limitaciones de la normativa europea.

Se fundamentan en el Reglamento (UE) n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, que regula las ayudas de minimis al sector agrícola. Esa es la base legal que recoge el Real Decreto por el que se movilizaron partidas de hasta 300 euros por vaca en función del precio cobrado por la leche en cada granja entre abril y junio de este año. El problema es que dicho reglamento europeo excluye las ayudas aplicadas en función del precio.

Contencioso contra las ayudas

Así, el documento explicita en su artículo 1 que «se aplicará a las ayudas concedidas a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas con excepción de las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados».

Unións Agrarias ha detectado esta contradicción y la ha elevado a un contencioso administrativo presentado en la Audiencia Nacional. Para el sindicato agrario es evidente tanto la fijación de ayudas en función del precio por parte del Ministerio de Agricultura como la exclusión del reglamento europeo de ayudas fijadas en base al precio. Blanco y en botella. También consideran que existe prisa por «visibilizar» la actividad del Gobierno con partidas de dinero destinadas a los ganaderos a poco más de dos meses para las elecciones.

Este medio consultó al departamento que dirige Isabel García Tejerina sin obtener respuesta.

Un plan que discrimina a Galicia

¿Por qué un sindicato agrario presenta un recurso contra las ayudas directas a los ganaderos? Básicamente, por discriminación. Al referenciar los importes al precio y los umbrales de rentabilidad de las granjas, se produce un despliegue irregular de las ayudas, de manera que los ganaderos gallegos percibirán ayudas de 300 euros por vaca si cobraron por el kilo de leche entre abril y julio menos de 24,5 céntimos. En Andalucía, la misma ayuda se percibe a partir de 31,5 céntimos.

La referencia que toma el Ministerio de Agricultura para establecer la granja tipo es la Rengrati (Red Nacional de Granjas Típicas), que establece una explotación media de entre 50 y 60 vacas, mientras que las gallegas tienen una media de 31, según explicó Sindicato Labrego Galego. A su juicio, se penaliza a la pequeña explotación familiar que abunda en Galicia y que tiene menos gastos que entren en el cómputo del Ministerio.

Unións Agrarias concluye que estamos ante un «agravio comparativo», que premia a un modelo intensivo que ya percibe precios altos por la leche, mientras que favorece la deslocalización de la producción gallega.