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El Gobierno acuerda la liquidación de Defex, controlada por la SEPI y envuelta en dos casos de corrupción en la Audiencia Nacional

en A Coruña, 27 de septiembre de 2017 (06:00 CET)

 

A grandes problemas, soluciones drásticas. Después de unos meses de zozobra, el Gobierno acaba de aprobar la disolución de Defex, sociedad de defensa controlada por capital público y envuelta en dos causas de corrupción en la Audiencia Nacional. El Consejo de Ministros tomó la vía rápida el pasado viernes, que conlleva la liquidación de la empresa de armamento, participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la propietaria de Navantia.

El caso de Defex es paradigma del chanchullo, a juicio de los autos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que confirmaron las decisiones del juez Pablo Ruz de imputar a la compañía como persona jurídica  por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

El papel del Estado

En su día la compañía fue imputada pese a la opinión del abogado del Estado, que consideraba que al estar participada por el sector público "era una persona jurídica exenta de responsabilidad penal y sujeta, únicamente, a la eventual responsabilidad civil, en su caso".

Sin embargo, el papel de la SEPI ha sido determinante en este caso. La compañía está controlada por el propietario de Navantia, pero tiene como socios a lo más granado del sector privado de la defensa y el armamento. Explosivos Alaveses (10,8%), Maxam (10,8%), Instalaza (10,8%), Sociedad Anónima Placencia de las Armas (8,1%) y Alfa Lan SA (8,1%) forman parte de su accionariado. La SEPI, que depende de Hacienda, solicitó el pasado mes de abril la disolución de Defex, pero lo hizo a instancias del Ministerio de Defensa.

Contratos con Angola

En su auto de imputación, el juez de la Audiencia Nacional explicaba que la UTE Cueto-Defex transfirió a un banco de Luxemburgo 41,4 millones de euros sin razón comercial o actividad mercantil aparente . Según el juez, los imputados "confeccionaron de forma aparentemente inveraz facturas y adendas a los contratos que permitiesen justificar tales desvíos de fondos al extranjero".

 Ese dinero formaba parte, según el auto de Ruz, de un entramado montado alrededor de un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola. Como beneficiarios últimos del dinero figuran los propios acusados y familiares de funcionarios públicos de la República de Angola. La trama fue desarticulada a través de la denominada operación Angora, en la que fueron detenidas una decena de personas.

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