La Xunta ve un chantaje de 20 millones en la denuncia de sobornos en Corcoesto 

«Cuando se le indicó que con esa forma de proceder estaba llevando la contraria a lo previamente resuelto por el conselleiro de Economía y el director xeral de Enerxía e Minas, elevando el tono de voz indicó que nos dejáramos de ‘tonterías’ y amenazó con que ‘¡se corta la reunión y se acabó!'».

La escena la describe Mineira de Corcoesto en la demanda formulada ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la no aprobación del proyecto minero en la comarca de Bergantiños y atribuye la reacción al director del Igape, Javier Aguilera, cuando le piden explicaciones sobre los requerimientos financieros que exigen a la empresa para desarrollar la actividad minera, exigencias que acabaron por tumbar la mina de oro.

La minera despechada

La Xunta respondió este miércoles de una manera similar a las insinuaciones de la multinacional canadiense en el recurso presentado ante el tribunal el 11 de marzo de este año. Como informó este medio, Edgewater, matriz de Mineira de Corcoesto, achaca en parte el fracaso del proyecto a que no cedió a las «presiones» del Gobierno gallego, que en su versión le habría dejado caer a quien tenía que contratar para las obras, al mismo tiempo que señalaba a «amigos» de Feijóo que querían sobornos.

El propio presidente de la Xunta tildó estos argumentos de «calumnias». Los atribuyó al «despecho» de la compañía por no realizar el proyecto e incluso empleó argumentos similares a los colectivos sociales contrarios al proyecto al afirmar: «Si consideran que Galicia es un lugar donde puede venir a explorar sus recursos, a hacer negocio y llevar ese dinero a otro sitio, se confunden de país y se confunden de Gobierno».

Una estrategia de calumnias

En San Caetano interpretaron que Edgewater ha diseñado una estrategia basada en difamaciones para presionar a la Xunta y conseguir los cerca de 20 millones de euros que reclama. Con este objetivo, se habría filtrado parte del sumario a los medios de comunicación.

El escrito de demanda habla de una inversión aproximada en el proyecto minero frustrado de, efectivamente, unos 20 millones de euros. Y en el recurso se hace mención expresa a la indemnización.

20 millones… como mínimo

La compañía solicita, en primer término, que se anulen las resoluciones por las que se dictó la preclusión del trámite para acreditar la solvencia financiera de la minera y la no aprobación de la explotación. En segundo lugar, que se declare aprobado el proyecto por silencio administrativo.

El plan ‘b’ de Edgewater es que, si la sala no atiende ninguna de estas peticiones, «declare conculcada la doctrina de los actos propios y de la confianza legítima, y condene a la administración demandada a indemnizar en los daños y prejuicios causados».

No fija la cuantía de la indemnización la compañía, pero si el criterio de que «alcance el importe de la inversión realizada en el proyecto de Corcoesto , desde la fecha que adquirió los derechos mineros hasta aquella otra en que se dicte sentencia».

La ofensiva legal en cuatro puntos

Mineira de Corcoesto tiene en mente para el proceso una batería de informes.

– El primero, que ya ha solicitado, es un informe pericial para acreditar su solvencia financiera, razón fundamental por la que la Xunta justificó el frenazo al proyecto.

– Para el segundo pide que «se libre atento oficio a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» para que evalúe si las exigencias solicitadas a la multinacional para la tramitación del proyecto son «proporcionadas».

– En el tercero, solicita que se abran diligencias para pedir a la Xunta que informe sobre otros proyectos mineros en la comunidad. Presenta una lista de 25 explotaciones mineras gallegas, desarrolladas entre 2009 y 2015.

Con estos datos, la multinacional quiere demostrar que ninguna empresa afrontó las mismas exigencias que Mineira de Corcoesto y que, en consecuencia, se produjo una situación de arbitrariedad y discrimación en la exigencia de solvencia técnica y económica.

– Por último, Edgewater también pide testimonios de los técnicos de la Xunta que firmaron la insolvencia de la compañía bajo la premisa de que se hizo una «anómala tramitación administrativa».