La Xunta tira los precios del suelo industrial

El ejecutivo autonómico, ante la falta de salida de las parcelas, impulsa la concesión del derecho de superficie, una medida que permite a las empresas ocupar parcelas a cambio del pago de un canon

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El Gobierno gallego ya no sabe cómo dar salida a los cientos de parcelas industriales en suelo autonómico. La última medida la ha dado a conocer este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consello. Se trata de la concesión de derecho de superficie, una medida similar al alquiler con derecho a compra, que permite a las empresas ocupar una parcela a cambio del pago de un canon.

Feijóo ha concretado en rueda de prensa que en una primera fasea afectará a los polígonos que gestiona Xestur – unos 2 millones de metros cuadrados de suelo industrial – a los que se sumarán en una segunda fase los del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Freno a la deslocalización

Con esta medida, que ya se aplica en Portugal y en otras comunidades, la Xunta confía en frenar la deslocalización empresarial. Las empresas adjudicatarias de este derecho podrán desarrollar sus proyectos a cambio del pago del canon, equivalente a un porcentaje del precio de venta de la parcela, que oscilará entre los 38 céntimos y los 2,28 euros al año por metro cuadrado.

También deberán cumplir una serie de requisitos, como generar un mínimo de 20 puestos de trabajo o bien acometer una inversión no inferior a los 8 millones de euros. Las adjudicatarias tendrán un plazo máximo de tres años para identificar las instalaciones y lograr la licencia de actividad. Incumplir esta condición conllevará la resolución del derecho de superficie y una indemnización igual al canon de cinco años.

Hasta 60 años

Durante los diez primeros años los adjudicatarios podrán ejercitar el derecho de compra de las parcelas, aplicándose el precio no bonificado de las mismas y descontando una parte de lo pagado en concepto de canon.

El pliego establece que el plazo de vigencia del derecho de superficie será de 30 años, prorrogables hasta un máximo total de 60 por acuerdo entre las partes. Transcurrido el periodo de vigencia del derecho de superficie, la plena propiedad del suelo, del subsuelo y de las edificaciones construidas, revertirá en la Administración. «En definitiva, el problema del suelo industrial en Galicia deja de serlo para convertirse en una oportunidad para instalarse en la comunidad», ha zanjado Feijóo.

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