La Xunta pone sobre la mesa 1,5 millones para el rescate de Viriato

Viriato lucha desde hace tiempo por su supervivencia y esta vez cuenta con un aliado de excepción. La Xunta, a través de Xesgalicia, ha puesto sobre la mesa 1,5 millones de euros en avales y ayudas que se vienen a sumar a los cerca de dos millones que aportarán los socios para tratar de mantener a flote la firma textil, que afronta un expediente de regulación de empleo con 40 trabajadores afectados.

El ERE se hizo efectivo la semana pasada, tras aplicarse las prejubilaciones a 31 trabajadores. Una semana antes se produjeron los nueve despidos, cuatro voluntarios y cinco forzosos. La mayoría de las bajas corresponden a trabajadores del taller, aunque también está previsto que desaparezca alguna de las 91 tiendas que la firma tiene repartidas por los establecimientos de El Corte Inglés. Las primeras cifras hablan de 44 corners afectados, aunque el responsable de acción sindical en la federación de Industria de Comisiones Obreras, José Hurtado, señala que el próximo miércoles la empresa cierra 15 días «y a la vuelta ya nos informarán de cómo van las negociaciones». De momento no hay nada cerrado.

Condiciones

El apoyo de Xesgalicia ha sido posible, explica Hurtado, tras la firma del acuerdo sindical por el Comité de Empresa, con los votos favorables de CCOO -sindicato mayoritario- pero no los de CiG. También ha influido el hecho de que la empresa retirara la amenaza del concurso de acreedores.

El organismo público será ahora el encargado de velar por la buena marcha de la firma textil. El responsable de acción sindical reconoce que la organización hasta ahora ha sido «muy mala», pero se mostró confiado en que Xesgalicia sea garante de una planificación más eficiente. De hecho «ya ha estado aconsejando para que la planificación sea distinta», apunta.

Criterios dispares

Respecto a la falta de acuerdo con la CiG en la negociación, Hurtado aclara que el sindicato nacionalista «en ningún momento apostó por ella». Al principio estaban previstos 50 despidos y la cobertura de las prejubilaciones no estaba garantizada. «Antes de cerrar la empresa nosotros preferimos cerrar el acuerdo», sentencia.

Desde la CiG, su secretario comarcal, Manel Camiño ve «connivencia» y «mala fé» en el hecho de que la empresa y el sindicato hayan negociado sin tener en cuenta a la CiG. En este sentido, ya han anunciado que impugnarán el acuerdo por la vía judicial, entre otras cosas porque no se recogen los criterios para la selección de los afectados y porque falta documentación.