El conselleiro de Economía, Francisco Conde, con representantes del comité de empresa de Alcoa en A Coruña / Xunta

La Xunta plantea a Sánchez rebajar hasta un 90% impuestos de Alcoa

El Gobierno gallego propone crear una categoría de consumidor “muy altamente electrointensivo” y compensaciones a los impuestos eléctricos de Montoro

La pasada semana, la Xunta envió sus alegaciones al borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, la normativa con la que el Gobierno pretende dotar a la industria con un marco energético estable y competitivo para evitar deslocalizaciones. El documento tiene una enorme importancia para Galicia, tanto por la urgencia de buscar una solución para las plantas de Alcoa y Ferroatlántica como para cubrir las necesidades de otras empresas afectadas por los costes eléctricos y que podrían verse en apuros a medio plazo, como Ence, Finsa o Intasa (Grupo Tojeiro).

En coordinación con todas ellas, incluidas Megasa, SLG Carbón y Celsa Atlantic, el Gobierno gallego envió sus propuestas al Ministerio de Industria, toda vez que tanto Alcoa como la patronal de grandes consumidores Aege consideraron “insuficientes” las ayudas contenidas en el borrador. De hecho, la multinacional norteamericana advirtió que tal y como está ahora pone en peligro la viabilidad de la planta de San Cibrao.

El consumidor “muy altamente electrointensivo”

Algunas de las ideas de la Xunta las anunció el conselleiro de Economía, Francisco Conde, que a la par que solicita premura al Gobierno de Sánchez, pide que se otorguen las compensaciones por costes indirectos de CO2 en la cuantía máxima permitida por Bruselas, que las ayudas se apliquen con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año y que se contemple la figura del consumidor hiper-electrointensivo, una manera de premiar a Alcoa y a industrias de similar consumo.

En las alegaciones del Gobierno gallego no hay un consumidor hiper-electrointensivo, pero sí tres categorías en función del consumo: el consumidor electrointensivo, el altamente electrointensivo y el muy altamente electrointensivo. Sería este último, en donde entraría Alcoa, el que se llevaría las mayores ayudas, con compensaciones que alcanzan un 90% de los costes. En las otras categorizaciones son del 48% (altamente electrointensivos) y del 20% (electrointensivos).

Rebajar los impuestos que diseñaron Soria y Montoro

¿A qué se destinarían estas compensaciones? Básicamente a rebajar la tarifa y aliviar de impuestos a las empresas. En el primer caso, la Xunta propone la compensación de los costes de financiación de las energías renovables y de los costes de transporte (peajes de acceso) repercutidos en la factura eléctrica. En el caso de Alcoa, la compensación sería del 90% del pago.

La otra gran rebaja afectaría a “los costes fiscales recogidos en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética”. Es decir, la normativa que diseñaron entre José Manuel Soria y Cristóbal Montoro para combatir el déficit de tarifa y que se tradujo en un impuestazo a las eléctricas, que incluía el polémico gravamen a la generación de electricidad.

Estas propuestas complementarían las exenciones en la tarifa de los pagos por interrumpibilidad y por capacidad que ya prevé el borrador del estatuto.

Blindar las ayudas por CO2

Una de las medidas más importantes para la industria, debido a su abultada cuantía, es la compensación de los costes indirectos por emisiones de CO2. Sin ir más lejos, el pasado viernes el Consejo de Ministros autorizó el pago de 91 millones a las empresas por este concepto. El problema radica, o de eso se quejaba Alcoa, que no hay certidumbre respecto al presupuesto y el calendario para abonar estas compensaciones, pues dependen de la disponibilidad presupuestaria del Estado.

La Xunta plantea que se destine “al menos el 25% de la previsión de los ingresos por subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a la partida de los Presupuestos Generales del Estado con la que se realiza la compensación de los costes de emisiones indirectas de CO2 a los consumidores”. Y añade que estas ayudas no deben llevar aparejado el mantenimiento de la condición de consumidor electrointensivo como planteó el Gobierno, es decir, que si se reduce la actividad o se cierra la planta no haya que devolver las ayudas, lo que vendría muy bien a Alcoa.

Siguen las subastas eléctricas

Finalmente, el Gobierno gallego insiste en la necesidad de que continúen celebrándose subastas de interrumpibilidad, un sistema para inyectar millonarias ayudas en la industria a cambio de que se desconecte de la red en momentos de exceso de demanda asegurando la estabilidad del sistema.

La Xunta reitera que debe abonarse la compensación máxima permitida por costes indirectos de CO2 y concluye pidiendo que el paquete de medidas del estatuto se aplique con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año “al efecto de mitigar la situación actual por la que están atravesando es tipo de consumidores”.  

Un artículo de Rubén Rodríguez

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