Eduardo Serra, vicepresidente de Everis, junto a Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra

La Xunta 'pasa' de Competencia y sigue como cliente de Indra y Everis

La directora de la Amtega defiende la legalidad de los contratos del organismo con firmas sancionadas por la CNMC como Indra o Everis

Rifirrafe entre la Xunta de Galicia y el BNG por los contratos de la Axencia para la Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). La directora del organismo, Mar Pereira, defendió la legalidad de los contratos firmados con empresas como Indra, SAG, IBM, Atos y Everis, sancionadas el pasado verano por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber pactado precios e intercambiar información sensible.

Estos sistemas de contratación se "rigen escrupulosamente por la normativa vigente", argumentó Mar Pereira ante la pregunta parlamentaria del diputado nacionalista Luis Bará. Estas empresas se adjudicaron contratos de la Amtega por valor de 96 millones de euros entre los años 2012 y 2018, lo que representa alrededor de un 13% del total en ese periodo. La mayor parte fue a parar a Indra (ahora investigada nuevamente por el regulador), que se llevó 51 millones de euros en adjudicaciones y Everis, que se hizo con contratos valorados en 22,9 millones de euros.

El BNG ve contratos opacos

Luis Bará deslizó que una de las empresas que mayor volumen de contratos se adjudicó de la Amtega fue Everis, que tiene como vicepresidente al exministro de Defensa durante el Gobierno de José María Aznar, Eduardo Serra, que también desempeñó como secretario de Estado de Defensa durante el mandato de Felipe González.  Además, arremetió contra las adjudicaciones a estas empresas y denunció que estos fueron, en algunos casos, "procedimientos negociados sin publicidad”.

En su respuesta, Mar Pereira argumentó que este tipo de contratos apenas representaron un 0,6% del total durante esos seis años, siendo el 99,4% restante procedimientos abiertos. Además, defendió que estas empresas cumplieron los requisitos no solo en Galicia, sino para las contrataciones públicas en el resto de España, ya que solo el año pasado facturaron 650 millones de euros del sector público.

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