La Xunta exige solvencia a Edgewater para explotar Corcoesto

La multinacional canadiense Edgewater no ofrece las suficientes garantías financieras y técnicas para extraer  oro de las entrañas de Corcoesto. Así lo considera la Xunta, que transmitió este martes a la empresa que no autorizará su proyecto minero en suelo de Bergantiños, al menos, en las condiciones actuales. Es una paralización, pero no una negativa definitiva.

La Consellería de Economía exige a la empresa más garantías para asegurar la viabilidad y la solvencia del proyecto. Piden a la minera que acredite un 25% de fondos propios sobre la inversión en el proyecto, la garantía mínima que exige la Xunta como garantía de su solvencia, que ahora los técnicos ponen en duda.

El problema financiero

Edgewater comunicó hace tiempo que contaba con la aprobación de dos créditos financiados por Credit Suisse AG y Barclays Bank PLC, condicionados a la aprobación del proyecto. La suma de dinero alcanza los 120 millones de dólares, lo que cubriría más del 75% de la inversión para el proyecto de Corcoesto, que la empresa estima en 160 millones de dólares.

Pero la Consellería demanda solvencia y eso requiere justificar un mínimo de 40 millones de dólares de capital propio y reservas, es decir, un 25% de la inversión total. 

Es una exigencia similar a la de las adjudicaciones eólicas. La Xunta fijó en 2010 la exigencia de un 25% de recursos propios sobre el total de la inversión del proyecto, frente al 20% que se demandaba anteriormente. Ahora demanda a Edgewater la misma capacidad económica, más allá de las posibilidades que baraje para financiarse.

La presión social

El otro punto al que alude la Xunta para justificar la paralización del proyecto es a las consideraciones técnicas. La Consellería pide a la empresa minera que entregue documentación que demuestre su capacidad para desarrollar el proyecto técnicamente.

“De no cumplimentarse adecuadamente los requisitos ambientales, técnicos y económicos, el proyecto sería rechazado definitivamente y no se continuaría con su tramitación”, concluye la Consellería en un comunicado.

En esta demanda de la Xunta ha podido jugar un papel clave la presión social, ejemplificada en los estudios ambientales impulsados por las plataformas contrarias a la explotación –Plataforma pola Defensa de Corcoesto o Salvemos Cabana, entre otras–, las investigaciones abiertas por el Valedor do Pobo y la Defensora del Pueblo, la suma de colectivos que se han movilizado en contra de la mina o las iniciativas en Europa para frenar el uso de arsénico en la extracción.

«Una batalla ganada, pero no la guerra»

La paralización del proyecto se ha celebrado con fuerza entre los colectivos contrarios a la explotación. Pero han matizado, «se ha vencido en una batalla, pero no en la guerra».

Así lo considera el portavoz de la Plataforma pola Defensa de Corcoesto, Braulio Amaro, que se mostró feliz por la decisión del Gobierno gallego, pero advirtió: «Lo que queremos es la suspensión definitiva y hay que seguir luchando para que se produzca».