La Xunta destinó millones en ayudas a una de las empresas del ‘armador pirata’ investigadas
Biomega, con sede en la localidad coruñesa de Boiro, financió con casi cuatro millones de euros de fondos autonómicos y europeos la construcción de su nave
A pesar de pertenecer a la familia Vidal Pego, la del ‘armador pirata’ más célebre de Galicia, Biomega Natural Nutrients había logrado mantenerse al margen de las investigaciones sobre pesca ilegal hasta el pasado lunes. Fue entonces cuando agentes de la Interpol y del Seprona accedieron a la sede de la compañía en el polígono industrial de Espiñeira, en la localidad coruñesa de Boiro, para recabar información.
Esta empresa, en la que Manuel Vidal Pego cesó como administrador único en el año 2010, está gestionada por los dos únicos detenidos en el marco de la ‘Operación Yuyus’ que no llevan el apellido Vidal. Se trata de Francisco Rama Gago, que ostenta la presidencia de Biomega Nutrición y cargos de responsabilidad en otras sociedades del grupo familiar, y Joaquín Manuel Pérez Mariño, el ‘cuñado’ (casado con Belén Vidal Pego), que figura desde julio de 2015 como administrador único de Biomega Natural Nutrients.
Ayudas bajo sospecha
Los estrechos lazos con la pesca ilegal de esta empresa, que se dedica a la obtención de ácidos grasos Omega 3 a partir de hígado de pescado, no fueron excusa para que, en 2009, la Consellería de Mar y el Igape no le concediesen una ayuda de 3,9 millones de euros del Fondo Europeo de Pesca para levantar sus instalaciones en la segunda mayor parcela del polígono boirense, de 5.909 metros cuadrados de superficie.
Tuvo que ser la Comisión Europea la que dejase en el aire el pago de dicha cuantía tras la entrada en vigor en 2010 de un reglamento comunitario contra la pesca ilegal que prohibe el acceso a ayudas públicas a personas y empresas relacionas con esta actividad.
Más fondos
A pesar de ello, en 2012 Biomega volvió a ‘pescar’ una ayuda, esta vez de la Consellería de Industria. La cantidad a subvencionar con cargo a fondos Feder fueron 92.815 euros, correspondientes al 50% de la inversión para la «dotación de unidades de I D», que sumados a los 3,9 millones para la construcción de la planta rondan la nada desdeñable cifra de cinco millones de euros.
