La Xunta defiende su potestad exclusiva en el transporte frente a la denuncia de Competencia

El Gobierno gallego sale al paso de las acciones judiciales emprendidas por las autoridades de Competencia. Y lo hace después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia decidiera llevar a sus últimas consecuencias legales su oposición a la prórroga de las concesiones del transporte impulsadas por la Xunta. Actualmente, el Tribunal Supremo tramita un recurso de casación tras el fallo de la sala de lo Contencioso del Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG), que daba la razón a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras frente a una denuncia previa de Competencia.

El “impacto anticompetitivo” detectado en la prórroga de las licencias del transporte por el organismo regulador no es tal para el Gobierno gallego. De hecho, Medio Ambiente apela a que “la ley de medidas urgentes para la modernización del sector de transporte público de Galicia fue plenamente consensuada con el sector y aprobada por el Parlamento Gallego a finales del año 2009” y se promovió “con estricto respecto del marco constitucional de competencias, que atribuyen a Galicia la competencia exclusiva sobre transporte público de personas por carretera que se desarrolle en su territorio”.

Rebajas en la factura

Frente a las tesis de Competencia, la Xunta mantiene que con la entrada en vigor de esta ley “se modificó el conjunto de contratos para la prestación de servicios de transporte, ya que se establece una prórroga automática de los contratos de carácter anual, y que se producirá de manera sucesiva hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Esta solución “está en la misma línea que la que adoptaron doce comunidades autónomas, al establecer una prórroga de todas sus concesiones o bien al proponer una fecha de vencimiento unificado para todas ellas”, explica. Competencia también ha llevado a los tribunales a la Generalitat valenciana. En Galicia, en la mayoría de los casos, con la prórroga la misma empresa continuará prestando el servicio más allá del año 2020 y muchas rozan el 2030.

Medio Ambiente se defiende asegurando que, a cambio de las prórrogas, “las empresas garantizan la rebaja de un 7% en la facturación de los servicios de transporte escolar y se comprometen además a la integrarse en el Plan de Modernización del Transporte Público puesto en marcha por la Xunta”.