La Xunta carga contra el armador ‘pirata’ al que otorgó millones en subvenciones

La Guardia Civil califica de «grupo criminal» al entramado societario de Vidal Armadores, la familia de Riveira condenada por pesca ilegal que vive en un cerco judicial por las operaciones Sparrow, que se saldó con multas de 17,5 millones, y Yuyus. Las sanciones afectan a siete sociedades del conglomerado empresarial que administra Manuel Vidal Pego, además de a otras dos relacionadas con el sector eólico por «obstrucción a las labores de investigación».

La segunda de las operaciones, desarrollada en 14 países, investiga delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal. La primera se cerró esta misma semana, lo que dio pie a la valoración de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que preguntada al respecto felicitó al Ministerio de Agricultura por castigar «este tipo de actuaciones ilícitas de la manera más severa posible».

Quintana insistió en que «los pescadores españoles son los mayores profesionales» y en que siempre defenderá «a aquellos que desarrollan su trabajo de la manera más legal posible».

Ayudas en 2009 y 2012

Pese a las palabras de Quintana, lo cierto es que el grupo de Vidal Armadores recibió millonarias subvenciones del Gobierno gallego que se remontan al año 2009. La Consellería de Mar y el Igape concedieron entonces una ayuda de 3,9 millones de euros del Fondo Europeo de Pesca a Biomega Natural Nutrients, una filial del grupo. Los fondos iban destinados a levantar sus instalaciones en Boiro.

En 2012, Biomega recibió otra ayuda de casi 100.000 euros también procedentes de fondos europeos para actividades de I D. La sociedad no está entre las sancionadas dentro de la Operación Sparrow, si bien, agentes de Policía y del Seprona registraron las instalaciones en busca de información dentro de la nueva investigación, la bautizada como Yuyus.