La tercera adjudicataria de obra pública de la Xunta, al borde del concurso
Antalsis lleva sin pagar a su plantilla desde enero, a pesar de que el Gobierno gallego le encargó obras por más de ocho millones el año pasado
La constructora coruñesa Antalsis está al borde del concurso de acreedores. Por lo menos así lo entienden desde el despacho de Iglesias Abogados, que representa a la mayoría de los empleados de la firma. La pasada semana finalizó el período de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía para 42 de sus 60 trabajadores. Las negociaciones culminaron sin acuerdo, lo que aboca a los trabajadores al cobro de indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y a recurrir al Fogasa, con los retrasos que ello implica, para conseguir parte de los salarios adeudados –no cobran desde enero–.
La compañía está al filo del precipicio. Tras aplicar el expediente de regulación se quedará bajo mínimos, aunque la plantilla sostiene que la idea es presentar el concurso en breve. Sin embargo, la situación de Antalsis es paradójica ya que se trata de la tercera empresa adjudicataria de obra pública de la Xunta de Galicia.
Retrasos en los pagos de la Administración
Según datos de la Federación Gallega de la Construcción, el pasado año Antalsis recibió adjudicaciones del Gobierno gallego por valor de 10,3 millones de euros, el 8,3% del total. En concreto, la Xunta le encargó cinco obras distintas. Entre otras actuaciones, trabaja en la reforma de la fábrica de tabacos coruñesa, la tercera ronda o los accesos al Puerto Exterior. Además participa en proyectos en el exterior. Precisamente, la constructora aduce que la principal causa de sus crisis es el retraso de los pagos por parte de la Administración.
Según Catarina Iglesias, de Iglesias Abogados, las estimaciones son que Antalsis adeuda a sus trabajadores unos 700.000 euros, teniendo en cuenta las indemnizaciones por despido. Con todo, desconocen a cuánto puede ascender el pasivo concursal, en caso de que se llegue a la suspensión de pagos.
Los trabajadores y sus representantes legales analizarán ahora la posibilidad de impugnar el ERE. Según explican, gran parte de la plantilla son empleados de alta cualificación que perciben sueldos por encima de los 1.200 euros, con lo que perderán una parte considerable de lo que podrían haber percibir al acudir al Fogasa, que fija un tope del duplo del salario mínimo.
