La Seguridad Social adjudicó a dedo 128 millones de euros por trabajos informáticos

El Tribunal de Cuentas cree que las entidades gestoras de la Seguridad Social abusan de la adjudicación de contratos de servicios por el procedimiento negociado y sin publicidad. En concreto, señala que se habrían adjudicado a dedo hasta 127,94 millones durante dos años.

Así lo relata en su informe de fiscalización de los contratos de servicios celebrados durante los ejercicios 2011 y 2012.

En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda analiza 46 de los 420 expedientes adjudicados en 2011, que engloban 70,24 de los 118,4 millones licitados, y otros 40 expedientes de los 328 de 2012 por 32 de los 57,7 millones licitados.

Los contratos corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a la Tesorería General (TGSS), al Instituto Social de la Marina y a la Intervención General de la Seguridad Social (IGSS).

Adjudicaciones sin publicidad

De los expedientes analizados, la «práctica totalidad» se refieren al mantenimiento de equipos y programas informáticos, que fueron adjudicados mayoritariamente mediante el procedimiento negociado sin publicidad, justificada por haber una única empresa autorizada por el fabricante para realizar dicha tarea.

«Evidencia una excesiva dependencia tecnológica en la contratación de contenido informático», critica el organismo fiscalizador, recordando que ya ha alertado de esta debilidad en anteriores informes.

Es más, critica que las entidades gestoras de la Seguridad Social ni siquiera han podido acreditar que hicieran uso de la posibilidad que les concede la normativa de negociar con las empresas licitadoras, lo que «no favorece la competencia» ni tampoco está en línea con la gestión eficiente de los recursos públicos, ya que «podrían haberse mejorado las ofertas».

Sin estudios comparativos de precios y calidades

Por otra parte, el informe critica que, con carácter general, los expedientes no incluyen una memoria o documento de carácter económico o «algún tipo de estimación o estudio comparativo de mercado previo» que justifique el precio fijado en la licitación «y no otro mayor o menor», tal y como obliga el reglamento de la ley de contratos de las administraciones públicas.

A petición del Tribunal de Cuentas, las entidades gestoras como el INSS remitieron información a este respecto, aunque el organismo considera que dicha documentación «resultó, con carácter general, escueta, y constituye más bien una explicación elaborada a posteriori y no con carácter previo en la fase de preparación del contrato, tal y como resulta exigible».

En otros casos, se señala «someramente» que los factores considerados para fijar el precio fueron el importe de adjudicaciones anteriores, los precios de mercado o las licitaciones anteriores, «sin que esta información se fundamente en ningún documento de carácter económico que incluya los datos comparativos o análisis concretos que sustenten que el presupuesto de licitación en el momento de su fijación se ajustaba al precio general de mercado».

Recomendaciones del Tribunal de Cuentas

Por eso, entre sus recomendaciones se incluye que las entidades fiscalizadas elaboren una memoria, estimación o estudio económico previo donde se justifique el coste real del servicio a contratar, que «debe ser adecuado al precio general de mercado».

El ente que preside Álvarez de Miranda también reprocha la falta de explicaciones sobre la «necesidad» de externalizar un servicio, ya que las justificaciones ofrecidas por la Seguridad Social son «de contenido excesivamente genérico y basadas principalmente en la falta de recursos propios, sin concretar con la precisión suficiente la naturaleza y extensión de la necesidad que se pretende cubrir».

Como ejemplo, es de destacar el apartado relativo a los contratos de la campaña anual de comunicación de vidas laborales y bases de cotización que realiza la Seguridad Social por mandato legal, que se externalizó en 2001 y al que entre 2011 y 2012 se destinaron más de tres millones de euros para enviar unos 22 millones de cartas.

La justificación de la necesidad de contratar estos servicios de comunicación masiva se basa, «principalmente», en el volumen de trabajo que conlleva el envío, lo que según la Tesorería General «requiere la contratación de una empresa externa especializada».

Externalización innecesaria de trabajos

Sin embargo, hasta la externalización de esta actividad lo llevaba a cabo el propio personal funcionario de la TGSS «sin coste económico adicional» para la Seguridad Social, tal y como recuerda el Tribunal, que también señala que la misma información se encuentra ya a disposición de los ciudadanos en la web de la Seguridad Social.

Además, afirma que «no consta acreditado algún tipo de estudio o estimación que podría haber motivado, de algún modo, la necesidad de llevar a cabo la información con carácter masivo» ni tampoco ningún análisis sobre «cargas de trabajo del personal propio de la Tesorería, especialmente necesario en este caso en el que el objeto de la contratación coincide con la actividad propia y continua» de este órgano.

«La necesidad de contratar basada en el elevado volumen de envíos realizados resulta, a juicio de este Tribunal de Cuentas, insuficiente por ser excesivamente genérica, puesto que la finalidad meramente informativa y de mejora de la imagen institucional de la TGSS frente a los ciudadanos resulta una motivación insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta el gasto que supone el envío anual y masivo de dicha información», abunda el informe.

En este sentido, sugiere que este servicio de información se preste «a petición de los ciudadanos, con los propios recursos personales y materiales (de la Tesorería) y sin coste económico adicional», porque eso «resultaría más acorde con la necesaria racionalización del gasto público».