José Ramón García, presidente de Blusens.

La puntilla para Blusens: condenada por fraude fiscal

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La Audiencia Provincial condena a un directivo de Blusens a penas de cárcel por un fraude del IVA "en carrusel", del que la compañía es responsable subsidiaria

en A Coruña, 28 de septiembre de 2017 (06:00 CET)

La agonía de Blusens Technology discurre actualmente por la vía penal. En suspensión de pagos desde 2013 y al borde de la liquidación, la filial de compras de Blusens fue en su día una admirada empresa que llegó a atraer a grandes fortunas a su accionariado bajo el liderazgo de José Ramón García. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha sido la encargada de poner la puntilla a Blusens Technology, a la que considera epicentro de una trama de fraude del IVA "en carrusel", que ha acabado con penas de cárcel de nueve meses, inhabilitaciones y la obligación de la devolución del dinero defraudado para su antiguo director comercial.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña considera que Blusens Technology es responsable civil subsidiaria de las actuaciones de su antiguo responsable comercial. Lo hace en una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso Economía Digital, en respuesta al recurso de apelación presentado tanto por el directivo como por la propia compañía tras la decisión del Juzgado de lo Penal número dos de Santiago de condenarles por fraude fiscal.

Un directivo

Inicialmente, por parte del juzgado, fueron condenados dos directivos, así como la propia compañía como responsable subsidiaria, pero los magistrados de la Audiencia Provincial han decidido absolver a uno de ellos de  los delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento oficial o mercantil, por los que había sido condenado por el Juzgado de lo Penal número dos de Santiago.

Para quien fue director comercial de Blusens Technology durante el período en el que se cometió el fraude, entre 2005 y 2006, la Audiencia mantiene las condena del juzgado compostelano, que había dictado sentencia en junio del año pasado. Tanto los recursos de Blusens como del directivo han sido rechazados por el tribunal, en una sentencia contra la que no cabe recurso ordinario.

Por tanto, los magistrados dan por válido que el antiguo responsable comercial y en su día administrador único de la filial es responsable en concepto de autor de dos delitos contra la Hacienda Pública, y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Por tanto, han dado por válida una condena,  por cada uno de los delitos fiscales, de nueve meses de prisión con las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio del cargo de administrador o apoderado de entidades mercantiles durante el tiempo de la condena.

Las condenas

También condenan al directivo a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice a Hacienda en la cantidad de 435.740 euros por la cuota tributaria defraudada 2005 y a la de 384.757 euros por la cuota defraudada en 2006, más los intereses de demora previstos. En total, cerca de 900.000 euros.

El tribunal considera probado que el directivo de Blusens "consciente y voluntariamente y con la finalidad de beneficiarse en sus declaraciones tributarias de IVA, intervino en un negocio de aparente puesta en circulación de mercancías que ni antes ni después de estas fechas constituyó el objeto de su empresa y en virtud del cual dedujo un IVA soportado durante 2005 de 435.740 euros y durante 2006, de 384.757 euros".

La trama

El negocio consistía, dice la sentencia, en la adquisición de microprocesadores a una tercera entidad, Opcion Computer, y a través de todo un entramado de sociedades conocidas como "trucha" dedicadas a operaciones intracomunitarias. De los informes periciales que dan por válidos los magistrados se deduce que "la comercialización de los microprocesadores que  realizaron las empresas dirigidas o representadas por los acusados carecía de sentido comercial alguno y que, en realidad, se trataba de una puesta en circulación en rueda de la misma mercancía entre diversas empresas sin que existiese un consumidor final de la misma".

La operativa se montó, dicen, "con la única finalidad de generar una documentación contable que permitiese simular su normal circulación y defraudar a la Hacienda Pública española en la declaración del IVA", lo que en el argot tributario se conoce como "fraude carrusel".

 

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