La prórroga de Ence enfila los tribunales

La prórroga que el Gobierno ha concedido a Ence para seguir operando en su actual emplazamiento en la ría de Pontevedra hasta 2073 no ha tardado en obtener contestación. Varias formaciones políticas y colectivos ecologistas han anunciado que recurrirán por la vía administrativa una decisión que califican de «cacicada» por parte del Ejecutivo en funciones.

Alternativa Galega de Esquerda (AGE), la coalición de Anova y Esquerda Unida, recurrirá la autorización a Ence para continuar en la ría 60 años más. Su viceportavoz, Antón Sánchez, ha indicado que AGE también pedirá en el Parlamento que se revoque esta decisión «apresurada», al tiempo que ha recordado que «aún quedan pendientes recursos en el ámbito judicial» y que su grupo «seguirá apoyando la lucha social contra la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra».

Puertas giratorias

Desde la asociación ecologísta Adega consideran una «burla a la ciudadanía y al ambiente» la prórroga de las actividades en Lourizán. Por ello, además de denunciar publicamente la «ilegitimidad» de esta autorización, señalan que impugnarán el acto administrativo en los tribunales y solicitarán a la fiscalía que investigue las «presuntas responsabilidades penales» (prevaricación) derivadas de este acto, que sólo consideran urgente para «los intereses de los candidatos en pasar por la puerta giratoria».

La diputada de En Marea por Pontevedra, Angela Rodríguez, ha recordado en este sentido que la que fue ministra de Medio Ambiente del Partido Popular, Isabel Tocino, está en el consejo de administración de la pastera. Afirma estar «consternada» por la premura de la decisión, más cuando por primera vez se llevaba la derogación de la reforma de la Ley de Costas en los programas de varias formaciones, lo que podría contribuir a la lucha que desde hace añosmantienen colectivos como la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra. «Hacer esto con un gobierno en funciones es como meterla por la puerta de atrás, como suele hacer el Partido Popular», ha criticado.

Postura municipal

Por su parte, la alcaldesa en funciones de Pontevedra, Carme da Silva, ha calificado como «una malísima noticia» la decisión del Ministerio de Medio Ambiente. «Es una decisión que va a condicionar el futuro de varias generaciones de ciudadanos en toda la comarca», ha lamentado Da Silva, que ha añadido que «va a imposibilitar la recuperación de la ría en 60 años».
Según la alcaldesa en funciones, el gobierno local de Pontevedra «va a trabajar con todas las medidas a su alcance para que no se perpetre este atentado contra la ría y contra los gallegos en general». Dado que no conoce los pormenores de la información, Da Silva ha asegurado que esperará a «conocer todos los detalles de la decisión por parte del Ministerio» para que los técnicos trabajen sobre ella y decidir el próximo paso a seguir.