La presión social acorrala a Cementos Cosmos

Una denuncia ante la Policía Autonómica se suma a las críticas de Salvemos Cabana por incumplir su propio código ético y a dos recursos presentados contra la licencia minera

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La vida da muchas vueltas y tiene sus ironías. Cementos Cosmos se llevó la producción de Galicia a la planta de Toral de los Vados en El Bierzo para intentar corregir sus problemas contables, provocados por la caída de la construcción. Allí se encontró con una fuerte oposición social, varias demandas y un proyecto de coincineración de residuos que acabó tumbado por el Tribunal Superior de Justicia y a la espera del recurso presentado por la compañía ante el Supremo.

Ahora en Galicia se ha calmado la tensión por el ERE que aplicó en la planta de Oural, pero emerge una oposición similar a la que se encontró en León apenas unas semanas después de haber obtenido la licencia para explotar su mina gallega, la cantera de Vilavella, y asegurar un mes de actividad a lo que antes había sido un centro de producción de referencia en el noroeste peninsular.

Los requisitos de la licencia

El asunto no ha llegado a los tribunales, pero la primera denuncia ya está sobre la mesa. La presentó la Asociación Socio-Cultural O Iribio, que ya alertó en el pasado de que la cementera operaba en su cantera lucense sin licencia municipal, lo que conllevo la paralización de la explotación durante meses.

El día 18 de agosto, la asociación denunció ante la Policía Autonómica el incumplimiento de la reciente autorización municipal para explotar la mina. Entiende que no ha cumplido los requisitos exigidos para iniciar la actividad, entre ellos, presentar ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural un plan de protección y conservación del yacimiento arqueológico de Cova de Eirós y un nuevo proyecto de explotación para ajustarse a los criterios de protección del Camino de Santiago, además de varias autorizaciones pendientes como la de actividades y obras dentro del Dominio Público Hidráulico, un proyecto para sistemas de drenaje y depuración de aguas o la ejecución de un expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfico Miño Sil.

Son algunos de los condicionantes que establece la autorización y que provocaron la denuncia de O Iribio por incumplimiento de los mismos. La Policía Autonómica ya ha iniciado la inspección de las actividades de Cosmos en Triacastela, según asegura la asociación.

La cuestión ‘ética’

Es el último frente abierto, pero hay más. Salvemos Cabana, el primer colectivo en denunciar posibles irregularidades en la concesión de la licencia, que a la postre provocaron que AGE pidiese la paralización de la explotación en el Parlamento gallego, ha puesto sobre la mesa que Cementos Cosmos incumple su propio código ético, las normas de responsabilidad social corporativa marcadas por su matriz, la brasileña Votorantim.

La plataforma cita expresamente un extracto del código de conducta de la compañía que, efectivamente, figura en el documento oficial, y que la compromete a «mantener canales de diálogo permanente con todas las comunidades en las que está presente» y a invertir “en proyectos sociales, culturales o ambientales” orientados a “las demandas reales de las comunidades”. Huelga decir que Salvemos Cabana considera estos puntos incumplidos.

La mina cruza el océano

Hay argumentos para defender dicho incumplimiento, toda vez que el “diálogo” que defiende Votorantim se ha limitado hasta el momento a las conversaciones con el Ayuntamiento de Triacastela, dice el colectivo. Y como prueba de ello, cita el informe desfavorable a la actividad en la mina de Vilavella que emitió el Comité Asesor del Camino de Santiago. En dicho informe se veta la actividad extractiva en el ámbito de protección del Camino Francés y se reconoce “una evidente presencia visual en un considerable tramo”. Además, el mismo órgano explica que «la inmediatez de la actividad minera supone un alto riesgo para la conservación del yacimiento (de Cova de Eirós) debido al uso de explosivos».

Salvemos Cabana, que recuerda que Cosmos ha sido expedientada por la Confederación Hidrográfica por operar sin licencia, enviará un informe completo a la central de la multinacional brasileña para “poner en conocimiento de la compañía los datos de que dispone sobre la inviabilidad de su operación minera en Triacastela”.

La licencia recurrida

Otros dos colecivos agrupados en la red ContraMINAcción han presentado dos recursos de reposición contra la licencia otorgada por el Ayuntamiento a Cementos Cosmos para explotar la mina en Triacastela. Se trata de Cova Crea y Petón do Lobo, que exigen la suspensión «inmediata» de la autorización y la revisión de la misma.

Entienden que el reconocimiento administrativo por parte de la  Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, se limita al proyecto de explotación y plan de restauración vigentes a 1 de enero de 2003. Por lo tanto, interpretan, no pueden ser objeto de reconocimiento administrativo las ampliaciones o modificaciones posteriores a esa fecha. De esta manera, la licencia municipal constituiría un acto nulo de pleno derecho.

Todos los problemas

Cementos Cosmos tiene cuatro plantas en España, dos en Andalucía, la de Toral de los Vados en el Bierzo y la de Oural en Sarria (Lugo), además de varias moliendas. En casi todos sus centros productivos atraviesa dificultades.

En las proximidades de la fábrica de El Bierzo se despliegan terrenos donde operan cinco consejos reguladores de productos de calidad que pusieron el grito en el cielo al conocer el proyecto de la cementera. La coincineración de Cosmos, básicamente, quema de neumáticos, plásticos, combustibles derivados de residuos sólidos urbanos, fracciones ligeras de la fragmentación de vehículos fuera de uso y otros tipos de biomasa para su transformación en combustible, les pareció difícilmente compatible con su actividad. Tras varias denuncias y numerosos actos de protesta, la licencia está en punto muerto por la anulación del TSJ.

En la planta de niebla (Huelva), también sufrió Cosmos un tropiezo reciente. El Gobierno andaluz denegó en mayo la petición de modificar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la cementera, que solicitó quemar residuos no peligrosos en sus instalaciones.

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