La patronal recurre a la Xunta para evitar la quiebra

Los apuros económicos que atraviesa la Confederación de Empresarios de Galicia han devuelto los consensos a la institución. Este martes, se reunió el comité ejecutivo y junta directiva en Santiago y se tomaron decisiones. La mayoría por unanimidad, algo excepcional en los últimos tiempos de la patronal.

Algunas de las más importantes afectan directamente al Gobierno gallego, con quien los empresarios abrirán un periodo de negociaciones clave para cuadrar las cuentas y no caer en impagos. La liquidez llega para poco más que para pagar las nóminas de abril.

Conversaciones que valen 600.000 euros

Esa negociación tiene dos puntos. El primero es evitar la reclamación de la Xunta sobre lo que considera gastos injustificados por valor de 600.000 euros de la red Pexga, las oficinas en el exterior de la patronal.

La Confederación de Empresarios considera que están acreditadas todas las facturas del programa, que se ejecuta a través de un convenio con el Igape, por lo que está dispuesta a emprender un contencioso contra la Administración si no se llega a un acuerdo.

La patronal quiere su ‘paga’

Es una situación similar a la que vivió José Manuel Fernández Alvariño, que se negó a litigar con la Consellería de Economía como le reclamaba Fontenla. En este caso, los gastos sin justificar que detectan los técnicos de la Xunta corresponden a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Pero la negociación tiene un segundo resorte que podría allanar significativamente el camino hacia el acuerdo. La patronal intentará que se defina y se active cuanto antes la dotación anual que realiza el Gobierno gallego a la Confederación de Empresarios de Galicia y que, según calculan, oscilará entre los 600.000 y los 650.000 euros.

Casi la misma cantidad que reclama el Igape por los gastos sin justificar.

Llamada a la banca

La otra medida estrella para garantizar la viabilidad de la institución es, como adelantó este medio, la ampliación de la hipoteca que pesa sobre la sede compostelana de la patronal y que supone un coste de 80.000 euros trimestrales.

La CEG solicitará ampliar hasta un millón de euros la deuda actual, de unos 300.000 euros, que se amortizaría el año que viene. El presidente, Antonio Dieter, y sus apoyos siempre prefirieron esta opción a la de pedir un nuevo crédito y la junta directiva respaldó la propuesta. Las negociaciones serán con Abanca, BBVA, Santander y Pastor.

Sin decisiones sobre la plantilla

El plan de choque es fundamental para no caer en más impagos. Los empresarios más próximos a Dieter sostienen que la situación de tesorería es mala pero no tan grave. Otros apuntan a que sin el plan de ajuste la institución acabaría en suspensión de pagos. En la reunión todos convinieron que la CEG es viable, pero que hay que ponerse las pilas.

Lo cierto es que será necesario reestructurar la plantilla. Se especula con despidos –unos cinco– o con recortes salariales, o, lo más probable, ambas cosas. Respecto al personal no hay una decisión tomada pues dependerá de cómo evolucionen las conversaciones con Xunta y banca.

Pero también existe un debate orgánico sobre el peso y funciones de la CEG, que para algunos debe tener un papel representativo y dejar que las provinciales sean las protagonistas en cuanto a organización de programas y prestación de servicios. La mayoría, por el momento, se opone a vaciar de contenido la patronal y para prestar servicios hacen falta trabajadores.

Dimisión de Pérez Canal

En la reunión también se decidió posponer la revisión del censo que pedían las provinciales de Ourense y Lugo. Se hará, pero cuando las urgencias económicas estén solventadas. La actualización del censo no afectará solamente a las sectoriales, sino también a las confederaciones provinciales.

Pérez Canal, el presidente de los empresarios ourensanos que se enfrentó a Dieter en las últimas elecciones, dimitió de su cargo en la comisión de seguimiento del Pexga.