El presidente de Copasa, José Luis Suárez, junto a la exministra de Fomento Ana Pastor / EFE

La patronal de Copasa y Puentes se rebela por la pérdida de contratos

La Asociación Nacional de Constructoras Independientes arremete contra el Gobierno por favorecer a las grandes constructoras en las obras públicas

La Asociación Nacional de Constructoras Independientes (Anci) pasa al ataque. La agrupación en la que se integran firmas gallegas como Copasa o el Grupo Puentes arremeten contra la pérdida de peso de las constructoras no cotizadas en la adjudicación de obra pública en España.

Una situación anómala, según su presidente, Jaime Lamo de Espinosa, que ha revelado que las empresas de Anci apenas lograron hacerse con el 15,4% del total de obras licitadas. Un porcentaje que contrasta con el 27,7% registrado en 2016 y el 20% en 2017. “Lo contrario ha ocurrido en el grupo de grandes empresas que han concentrado una gran parte de las adjudicaciones ministeriales”, ha asegurado.

La patronal de Copasa y Grupo Puentes lanza un dardo a las grandes constructoras como Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr o Grupo San José, que están agrupadas en la patronal Seopan, y que se estarían haciendo con el trozo de pastel que pierden las firmas que se encuentran bajo el paraguas de Anci.

“No se ha conocido en el mercado elemento disruptivo alguno que pudiera explicar semejante alteración, salvo que los elevados importes de las obras licitadas, que reduce el número de posibles concursantes y de posibles adjudicatarios, estén favoreciendo indirectamente esta evolución”, ha denunciado Lamo de Espinosa.

“Ejercicio fallido”

La patronal de Copasa y Puentes alerta de la incertidumbre que rodea al sector tras el fracaso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que ya tildan de "ejercicio fallido".

La aprobación de las cuentas públicas no es la única tarea que Anci marca al Gobierno. La asociación también insta a alcanzar pactos de Estado en materia de infraestructura de transporte y aguas, pide una mejor remuneración para los inversores que participen en planes de colaboración público-privada y que se busquen alternativas a las limitaciones que la Ley de Indexación impone a la rentabilidad de los distintos proyectos.

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