La norma que protege a Ence deja en un limbo legal a cientos de aserraderos

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La Ley de Costas frena las inversiones y condena a los propietarios a cerrar o trasladar el negocio

Rajoy, durante un mitin en un aserradero en Monforte | EFE

02 de febrero de 2014 (02:50 CET)

La reforma de la Ley de Costas que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy para dar cobertura legal a miles de viviendas del litoral deja varios cabos sueltos en Galicia. Del primero advirtió Ence por activa y por pasiva, convencida de que la nueva norma garantiza su estancia en Lourizán durante 75 años más al abrir la puerta a una prórroga automática de su licencia, que expira en 2018. Pero para jugar la baza de la prórroga, la pastera tendrá que lidiar con un informe negativo de la Xunta, que no parece dispuesta a que continúe con su actividad en la ría.

Es la batalla más ruidosa provocada por la nueva regulación, pero no el único frente abierto. Varios cientos de empresas del sector maderero gallego, los aserraderos, están operando en una especie de limbo legal, sin lograr la concesión de los terrenos que ocupan desde hace décadas. Es decir, continúan con su actividad, pero no tienen los papeles en regla porque siguen tramitándose.

Un trastorno prolongado


Los aserraderos son empresas pequeñas, normalmente familiares, que se levantaron, sobre todo, en los márgenes de las rías y las desembocaduras de ríos buscando zonas de fácil abastecimiento y de buenas comunicaciones. Facturaron 220 millones de euros en 2012, aunque la cifra aumenta si sumamos a los rematantes, en numerosos casos asociados a los aserraderos. Se vieron afectados por la Ley de Costas de 1988, perdiendo la titularidad de los terrenos que ocupaban e iniciaron un largo proceso que dio un nuevo viraje con la normativa de 2013.

La reforma del Gobierno de Mariano Rajoy pretende poner orden en las concesiones para armonizar la actividad empresarial con el control y cuidado de los terrenos. Así consta sobre el papel, pero en la práctica, las empresas continúan esperando sus licencias. “Algunas tienen solicitudes de 1995 y 1997, de la ley anterior, que todavía no han recibido respuesta”, apunta Ana Orons, secretaria general de Confemadera. En esta situación, en un espacio intermedio entre lo legal y lo ilegal, los aserraderos no pueden acceder a ningún tipo de ayuda o subvención ya que sus solicitudes son automáticamente rechazadas.

Veto a las exportaciones


Pero lograr las peleadas concesiones solo resolvería un problema para precipitar a los aserraderos hacia otro mayor. La regulación de la Ley de Costas establece que los titulares pueden realizar mejoras que tengan como fin la eficiencia energética o el ahorro de agua, pero, en ningún caso, que impliquen un aumento de volumen, superficie o altura. Con estas limitaciones, los aserraderos apenas pueden acometer inversiones para modernizar un negocio que sobrevivió bien durante el boom de la construcción pero que necesita generar valor añadido para mantenerse en el futuro. Los datos de facturación lo dejan claro. Pasaron de una cifra de negocio de 366 millones en 2007 a 220 millones en 2012, según las cifras que maneja Confemadera.

Las salida lógica, la modernización y la exportación, parece difícil con la nueva normativa que, por ejemplo, les impide incorporar un secadero de madera que exige el comercio internacional, un tratamiento térmico que garantiza la calidad de la madera y evita la propagación de plagas, explica Orons.

Mudanza forzosa


Desde el sector, instan a las distintas administraciones a agilizar una solución para el limbo legal en el que se encuentran las empresas y para dibujar un futuro “que no los condene al cierre”. La solución drástica, el traslado de la explotación a otro espacio, es demasiado costosa para que puedan asumirlo empresas de pequeño tamaño.

Se estima que son varios cientos los afectados, aunque no existe una cifra exacta. La Xunta ha puesto en marcha un registro para computar todos los aserraderos de la comunidad pero todavía está en fase de elaboración, sin datos cerrados año y medio después de comenzar a funcionar. También en este aspecto, la tramitación es lenta.
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